(Libertad Digital) Esta semana la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, criticó a la Iglesia por su oposición a la nueva ley del aborto y lanzó un mensaje al cardenal de Madrid, Rouco Varela. A juicio de la socialista, la institución eclesiástica debe limitarse únicamente a establecer lo que es "pecado". No debe hacer más, ni siquiera denunciar que se pueda abortar incluso a las 22 semanas de embarazo. Y menos que a estos fetos se les pueda considerar ya persona.

Y para apoyar las tesis del Gobierno socialista, El País publica un artículo de doble página titulado "Tranquilos: el pecado no es delito" y que tiene como único fin defender a Aido con argumentos, que se pueden considerar al menos llamativos, y remontándose al imperio romano para criticar todo lo realizado por la Iglesia hasta nuestros días.

En este sentido, aseguran que "los obispos están acostumbrados a intervenir en la vida de los españoles. Viene de antiguo, pero también de anteayer". De hecho, utilizan al emperador Constantino para dar la razón a la ministra de Igualdad ya que creen que fue a partir de ahí cuando la Iglesia dictaminó lo que es delito y pecado.

"Las cosas cambiaron cuando los antiguos perseguidos se convirtieron en perseguidores, tras la conversión de Constantino". Desde entonces, dicen que la Iglesia siempre ha querido imponer su "ambición legislativa". Y ahí es donde citan ampliamente a Franco y su relación con la Iglesia Católica.

Citan a uno de los expertos, que evidentemente apoya ciegamente las tesis del Ejecutivo, Enrique Gimbernat, que dice que "las religiones siempre han querido reforzar las prohibiciones de sus morales particulares, no dilatando el castigo por esas conductas pecaminosas a las penas del infierno, sino tratando de que ya aquí, en la vida terrenal, sean reprimidas por el Poder estatal secular".

Gimbernat, profesor de universidad, dice que es "un insulto a la inteligencia" el considerar vida humana al feto, el simplemente lo considera como un óvulo fecundado de pocos milímetros, sin forma humana. No opinan lo mismo los miembros de la Declaración de Madrid, formado por cientos de científicos y catedráticos que se oponen a la nueva ley de Aido, y que consideran demostrado la existencia de vida en su etapa inicial y embrionaria. Que decir a las 22 semanas de embarazo, fecha que pone el anteproyecto como límite para abortar.

"¿Hasta cuando seguirá la Iglesia católica abusando de nuestra paciencia?", se pregunta este profesor de universidad, que afirma además que "un legislador pluralista y democrático no puede imponer los dogmas de una determinada confesión". Y es que en ningún momento, El País, que habla de consenso y diálogo, se plantea la posibilidad de debatir si el aborto puede ser considerado un crimen o si el feto podría ser ya un ser vivo.

Pero los críticos de la Iglesia citados por el diario hacen otra reflexión. "En el fondo, lo que duele a los prelados es que el Ejecutivo y las Cortes legislen con plena autonomía, sin hacer caso a las prédicas o imposiciones de la jerarquía eclesiástica".

Para sostener sus tesis, utilizan dos argumentos de peso e independientes. Uno al teólogo, considerado a sí mismo progresista, Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos III y defensor de las ideas del PSOE y el jesuita Juan Masiá, completamente opuesto desde hace tiempo a las consideraciones de la Iglesia a la que pertenece y al que ya se le ha llamado al orden en varias ocasiones.

Además, desde el diario de Prisa mantienen el argumento de que la Iglesia debe dar gracias al Gobierno socialista por su mantenimiento económico, cifra que calculan en 4.000 millones anuales "para sueldos de sacerdotes y obispos y para financiar la ingente red de servicios educativos, sanitarios o de caridad de la Iglesia romana en España".

No recuerdan, sin embargo, las aportaciones de católicos y no católicos a través de la casilla del IRPF ni del caos que causaría en el Estado si fueran las autoridades civiles las que tuvieran que mantener los miles de hospitales, colegios, centros de mayores, albergues que posee la Iglesia en España. Y todo sin contar la labor de Cáritas. Pero eso no es relevante para El País ni para sus "expertos.