Si Cataluña ha demostrado no ser precisamente un oasis en lo que a corrupción se refiere, no se puede decir lo mismo de los movimientos antisistema, amparados incluso por las propias instituciones. En los últimos cinco años estos casos han proliferado y Barcelona ha sido el escenario de verdaderas batallas campales entre los ocupas y la Policía.

Estos enfrentamientos se cuentan por decenas, y fueron especialmente virulentos en el barrio barcelonés de Gracia, aunque también se produjeron en el de Sants, en Cornellá o en el metro de la Ciudad Condal. Agentes heridos, contenedores quemados y daños de consideración en inmuebles y material urbano eran el pan de cada día, fundamentalmente entre los años 2004, 2005 y 2006.

Más allá de estos enfrentamientos violentos, los ocupas fueron respaldados, en muchos casos, por la Justicia, cargos públicos de la Generalidad e incluso por el propio Gobierno.

4 de noviembre de 2003. Así, en noviembre de 2003 una juez de Tarragona protegió a unos antisistema que habían sido acusados por la Fiscalía de un delito de usurpación al instalarse en un edificio en ruinas, porque entendía que realizaban una función “social”.

23 de julio de 2004. Un año después, el Ayuntamiento de Barcelona fue condenado por vulnerar los derechos fundamentales de unos ocupas al realizar un desalojo sin autorización judicial y únicamente por decisión administrativa. El derecho violado en cuestión era el de inviolabilidad de domicilio.

Mientras los casos de usurpación de inmuebles proliferaban, los ocupas recibían el apoyo de cargos públicos de la Generalidad e incluso del propio Gobierno, ante la impotencia y frustración de sus propietarios.

12 de diciembre de 2006. La entonces ministra de Vivienda, María Antonio Trujillo –recordada fundamentalmente por regalar zapatillas de deporte a los jóvenes para que fueran a buscar sus soluciones habitacionales– justificaba que el gobierno catalán no desalojara a los usurpadores de viviendas porque era “otro estilo de vida”, “alternativa”, muy común en ciudades de la UE como Berlín, Londres o Ámsterdam.

El mismo día en que Trujillo hacía estas declaraciones, el ejecutivo de Montilla aprobaba una ley que permitía expropiar viviendas cuyos propietarios las tuvieran desalojadas durante al menos dos años y hubieran rechazo alquilarlas o recibir ayudas para rehabilitarlas.

23 de enero de 2007. Por su parte, la entonces tercera teniente alcalde de Barcelona, Inma Mayol, y pareja del consejero de Interior, Joan Saura, se declaraba “antisistema”, defendía a los ocupas, de los que decía que “no” eran delincuentes y que “tenían parte de razón”.

Mientras, el clima de impunidad crecía en Cataluña, ya que las órdenes judiciales de desalojo cuando no daban la razón al usurpador se eternizaban en llegar. Así, al dueño de una vivienda en la localidad barcelonesa de Granollers le devolvió su casa un incendio. Esperaba la orden judicial desde octubre de 2005, pero fue un fuego desatado a finales de enero de 2006 el que hizo a los ocupas abandonarla.

19 de enero de 2007. Tal era el grado de exención del que gozaban los antisistema, que un año después los ocupas de un piso de Barcelona llegaron a denunciar a su propietario por “violar su intimidad”. Es por ello que el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Lluís Miquel Phaissa, quien tuvo que echar él mismo de uno de sus pisos a unos ocupantes que se instalaron de forma ilegal, aconsejaba que los propietarios a quienes les ocurriera algo así los expulsaran por su cuenta, sin acudir a la Policía.

Phaissa afirmaba que “a nivel legal, nosotros nos ventilamos las cosas porque en este país no se puede llamar a nadie”, ya que "tienes que demostrar que eres el propietario, como si en este país no pagásemos IBI o no hubiera un registro de propiedad”.

19 de noviembre de 2009. Este jueves ha vuelto a hacerse público un nuevo caso de ocupación ilegal. También en Cataluña: una familia que lleva 16 meses con la casa ocupada y que tras salir un día de su vivienda, propiedad de la Generalidad, nunca más pudo entrar en ella. A pesar de las denuncias y las sentencias, los intrusos se jactan: "¿qué hacen aquí?" La Justicia, una vez más, no los expulsa.