El PP y otras formaciones como CIU han apelado a la tradición y a la cultura para defender el mantenimiento de los crucifijos en la escuela pública, cuya retirada ha sido solicitada por el Congreso, a iniciativa de ERC-IU-ICV y apoyada por el PSOE y el resto de los grupos de izquierda.

La polémica sobre la retirada de los símbolos religiosos de las escuelas públicas se ha trasladado este jueves a los pasillos del Congreso, después de que la Comisión de Educación instara al Gobierno a eliminar los signos religiosos.

Dentro de las filas del PP, el diputado Esteban González Pons ha defendido que los españoles y los europeos tienen "una tradición más allá del hecho religioso" y si por "combatir" la religión "acabamos renunciando a nuestra tradición y cultura no quedará nada de nosotros".

De forma similar ha opinado otro parlamentario popular, Alfonso Alonso, quien ha tachado de "radical" la iniciativa porque crea un problema donde no lo hay e ignora la realidad de un país como España, donde es imposible ir por la calle "sin sentir la presencia de muchos símbolos religiosos asociados a nuestra historia".

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que a él no le parece correcto retirar los crucifijos y ha explicado que su grupo se opuso por "razones constitucionales" ya que "hay un valor supremo en la Constitución que es la libertad de enseñanza". Ello comporta el derecho a un ideario, ha indicado, y si un Consejo Escolar de una escuela pública quiere que esté presente el crucifijo se estaría vulnerando el derecho al ideario.

El promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Joan Tardá ha considerado que los miembros de la Comisión de Educación que aprobó esta propuesta eran "muy conscientes" de que hablaban "de todos los centros", y no sólo los públicos.

Tardá ha reclamado que el Gobierno asuma la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que "no debe existir simbología cristiana en los centros escolares".

El parlamentario socialista ponente en la Comisión, Luis Tomás, ha explicado que su grupo negoció una modificación de la propuesta inicial de ERC para que se aplique la jurisprudencia del tribunal europeo sobre la colocación de crucifijos en las escuelas.

No ha querido anticipar si ello será de aplicación también a los centros concertados o sólo a los públicos, aunque en principio entiende que por ahora afecta únicamente a estos últimos.

Quien sí lo tiene claro es el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, quien ha recalcado que la medida afecta únicamente al ámbito público. Según Cuesta, los centros privados tienen derecho a transmitir la simbología de la confesión religiosa que forma parte de su ideario docente y pedagógico.

Gaspar Llamazares, diputado de IU, también ha insistido en que lo que se plantea es retirar los crucifijos de las escuelas públicas, y de la misma manera que "nadie va a decirle a la Iglesia" que no cuelgue los símbolos del catolicismo en sus colegios, tampoco ésta puede "imponer" su simbología ni al Estado ni a la escuela pública.

No ha querido pronunciarse al respecto el presidente del Congreso, José Bono, bajo el argumento de que a él no le corresponde "formar criterio a este respecto". "Sobre cualquier asunto que aquí se tramita el último que tiene que hablar es el presidente del Congreso", ha dicho Bono, quien ha apostillado: "yo puedo pensar, sentir, pero no quiero ser ni protagonista ni regalarles un titular".

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado socialista Alfonso Guerra, se ha limitado a señalar que la iniciativa obedece a "un acuerdo europeo que antes o después tendrá que asumirse". Desde el grupo socialista, el diputado Juan Barranco ha considerado la medida oportuna y ha abogado por extenderla a otros recintos, y no sólo a los centro educativos.