El PP vuelve a la Fiscalía para instarle a que recabe información sobre Reyal Urbis

El PP ha pedido al Fiscal General del Estado (FGE) que recabe del Gobierno de Castilla-La Mancha la información sobre los contratos urbanísticos suscritos durante los últimos diez años, en concreto los adjudicados al empresario con el que supuestamente se relaciona el aumento patrimonial de José Bono.

Así consta en el escrito que el PP ha remitido a la Fiscalía y que se suma al enviado el jueves pasado, cuando trasladó al ministerio público la información que sobre el patrimonio del presidente del Congreso se había publicado en fechas recientes.

Con ese texto de hace unos días el Partido Popular pretendía que el fiscal decidiera si era pertinente abrir una investigación, así como unirse a la misma vía judicial que empleó Bono cuando comunicó a la Fiscalía sus bienes patrimoniales.

Ahora, el PP señala que, ante las nuevas informaciones aparecidas desde el pasado jueves, especialmente las de los diarios "La Gaceta" y "Público", han irrumpido "nuevos datos que inciden en la existencia de un volumen" en el patrimonio de Bono que difiere con lo declarado por el ex presidente de Castilla-La Mancha.

Unas informaciones que, además, dice el PP, "ahondan en las presuntas irregularidades que se deducen en cuanto a su relación con terceros".

Esos terceros a los que se refiere el Partido Popular son el empresario Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis, entidad con la que contrató supuestamente Bono mientras fue presidente de Castilla-La Mancha.

Por ello, el PP pide al FGE que recabe de la Junta de Castilla-La Mancha la información relativa a la totalidad de las adjudicaciones que durante los últimos diez años, mediante contratos de obras, servicios o cualquier "beneficio urbanístico", suscribió con el empresario citado, tanto si estuvo al frente de Reyal Urbis como si estuvo con "posición de control" en cualquier otra entidad anteriormente.

Asimismo, los populares, como señalan en su escrito, consideran "innegable" que "han aumentado las dudas en la opinión pública" sobre la supuesta relación de Bono con "determinados empresarios".

El PP procura, y así lo manifiesta en el texto, que esta ampliación de alegaciones presentada hoy se incorpore a la documentación que el presidente del Congreso remitió a la Fiscalía para aclarar el origen lícito de sus bienes.

De esa documentación subraya el PP que no sabe "con qué finalidad" se dirigió Bono al FGE, si bien no pone en duda que el objetivo no puede ser otro que el del "esclarecimiento de la verdad".

El PP quiere incidir en ese fin, apunta en su escrito, y de ahí que haya presentado ya dos escritos al FGE para que se añadan al de Bono.

Porque para el Partido Popular es necesario que se abra una investigación, toda vez que el fiscal, señala, "se ha mostrado tan proclive durante todo su mandato a la hora de investigar hechos relevantes de contenido patrimonial que pudieran afectar a personalidades públicas" o que pudieran parecer "irregulares o ilícitos".