L D (EFE) En declaraciones a Efe, el secretario general del PSOE en el Congreso calificó la advertencia de los obispos de que los católicos no pueden votar a favor de la norma como "un auténtico disparate", ya que la jerarquía eclesiástica "pretende arrogarse potestades que no tiene y quiere amenazar a una persona con una sanción moral, religiosa, frente a su deber que es el de seguir y aplicar la ley", A su juicio, "los católicos españoles" no pueden entender unas ideas que "corresponden a otros tiempos en la historia, anteriores al Estado constitucional y democrático cuando la jerarquía eclesiástica dictaba las leyes".
El diputado socialista argumentó que en un Estado democrático un "pilar central" es el principio de legalidad según el cual se aplican las leyes aprobadas por el Parlamento "y no por un órgano como la Conferencia Episcopal que no es elegida por los ciudadanos". López Garrido también se refirió a la posibilidad planteada por los obispos de que "cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia" para no casar a personas del mismo sexo y dijo que "está claro" que este supuesto "no existe porque no lo reconoce la Constitución Española".
Mientras, el Gobierno garantizó este viernes que la ley que regula el matrimonio homosexual se cumplirá y recordó, ante el comunicado de la Conferencia Episcopal Española, que es el Parlamento en donde reside la soberanía nacional y, por tanto, el que decide sobre las formas de matrimonio civil. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su "respeto" por las opiniones de la Iglesia Católica. De hecho, ningún juez o alcalde puede dejar de cumplir las funciones que forman parte de los deberes "natos" de su cargo ni acogerse a la objeción de conciencia para no celebrar o tramitar expedientes de matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, ya que podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Además y en el caso de que una pareja de homosexual quisiera casarse, una vez que este matrimonio sea definitivamente legal, y no lo lograra, podría interponer una denuncia ante los tribunales, según explicaron a Efe fuentes judiciales. Fernández de la Vega no cree que se vayan a producir ninguna de estas dos situaciones y argumentó que "si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro al lado que sí querrá".
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, también trasladó su "respeto más absoluto" a la Iglesia católica y abogó por reconocer los derechos de las parejas homosexuales a través de una "figura jurídica específica que no sea el matrimonio".Explicó que, en el caso de los católicos, "cada uno tendrá que asumir qué postura adopta" y agregó que en España "hay muchos católicos y la Conferencia Episcopal es quien marca las pautas y la doctrina".
El diputado socialista argumentó que en un Estado democrático un "pilar central" es el principio de legalidad según el cual se aplican las leyes aprobadas por el Parlamento "y no por un órgano como la Conferencia Episcopal que no es elegida por los ciudadanos". López Garrido también se refirió a la posibilidad planteada por los obispos de que "cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia" para no casar a personas del mismo sexo y dijo que "está claro" que este supuesto "no existe porque no lo reconoce la Constitución Española".
Mientras, el Gobierno garantizó este viernes que la ley que regula el matrimonio homosexual se cumplirá y recordó, ante el comunicado de la Conferencia Episcopal Española, que es el Parlamento en donde reside la soberanía nacional y, por tanto, el que decide sobre las formas de matrimonio civil. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su "respeto" por las opiniones de la Iglesia Católica. De hecho, ningún juez o alcalde puede dejar de cumplir las funciones que forman parte de los deberes "natos" de su cargo ni acogerse a la objeción de conciencia para no celebrar o tramitar expedientes de matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, ya que podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Además y en el caso de que una pareja de homosexual quisiera casarse, una vez que este matrimonio sea definitivamente legal, y no lo lograra, podría interponer una denuncia ante los tribunales, según explicaron a Efe fuentes judiciales. Fernández de la Vega no cree que se vayan a producir ninguna de estas dos situaciones y argumentó que "si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro al lado que sí querrá".
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, también trasladó su "respeto más absoluto" a la Iglesia católica y abogó por reconocer los derechos de las parejas homosexuales a través de una "figura jurídica específica que no sea el matrimonio".Explicó que, en el caso de los católicos, "cada uno tendrá que asumir qué postura adopta" y agregó que en España "hay muchos católicos y la Conferencia Episcopal es quien marca las pautas y la doctrina".