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El secreto de los horrores monumentales, desvelado

El secreto de los populares “Horrores Monumentales” de LD está en una Ley de hace 25 años, promulgada por Felipe González. El 1% de las obras públicas va dirigido a estas cosas.

FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA
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La gran pregunta que se hacen muchos españoles y extranjeros cuando viajan por las ciudades y pueblos del país es por qué hay un número tan grande de “horrores monumentales” distribuidos de un modo muy equitativo por toda la geografía nacional. En Libertad Digital llevamos toda la temporada mostrándoselos a los lectores gracias a otros lectores que nos envían desinteresadamente fotografías tomadas en el lugar del “crimen”.

La razón última de esta anormal proliferación de bodrios no es que todos los alcaldes españoles se hayan convertido de golpe en aficionados a la escultura abstracta, o que tengan una compulsión compartida por redecorar glorietas desafiando al buen gusto, no, nada de eso. El motivo por el cual España es el país del mundo con mayor densidad de monumentos feos por metro cuadrado es una ley, sí, una simple ley aprobada hace 25 años, que establece “la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno”.

Estas tres líneas, que condensan la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, han marcado el destino, al menos el estético, de decenas de miles de rotondas y plazas de todo el país. Han posibilitado, además, que se realicen a su abrigo extraordinarios negocios. Un concejal de un pueblo de Madrid me lo confiesa por teléfono, “esto del 1% es el reino de la picaresca, el alcalde de turno sabe que tiene ese dinero y en qué se lo tiene que gastar. Llama a un amigo, le pide que le ponga una ferralla en tal rotonda y cada uno se lleva su parte”. En el tintero del secreto profesional me dejo el nombre del concejal porque aquí, según parece, hay mucho dinero en juego.

Ley de Patrimonio Histórico

El ministerio de Cultura, que es quien gestiona este asunto, da detalles sobre la normativa para acogerse al 1% cultural. Lo pueden solicitar todas las administraciones públicas en sus diferentes escalones: los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y provinciales, los consejos y cabildos insulares y, cómo no, el propio Estado central. Además, a modo de propina, pueden pinchar el suculento 1% las universidades, pero sólo las de titularidad pública.

Para que, pongamos, un alcalde, pueda obtener y emplear los fondos debe solicitarlo primero al ministerio. Debe especificar el proyecto, el importe del mismo e indicar quién es, en este caso práctico, un consistorio municipal. Este trámite no es tan sencillo como parece. El alcalde debe obtener el aprobado de la así llamada Comisión de Patrimonio, justificar la titularidad pública del monumento en cuestión, señalar el grado de protección que se le adjudicará y especificar si existe cofinanciación; ya de otras administraciones públicas, ya de un mecenas privado. Todo el papeleo queda a disposición entonces de una comisión mixta que es quien decidirá si la “ferralla” de diseño se levanta o no.

Si sale que sí, extremo muy probable, “prácticamente seguro”, según me cuentan, el alcalde encarga formalmente la obra al “artista” y adjudica la obra civil. En estos dos movimientos es donde está la clave de todo el asunto, se enciende el aspersor del dinero, cae donde tiene que caer y a otra rotonda.

Visto el mecanismo de concesión, surge la siguiente pregunta, ¿de dónde sale el dinero?, es decir, ¿quién aligera el bolsillo para que decoren la plaza del pueblo con obras como esta, esta o esta? Aquí existen dos opciones. La primera mediante los “fondos aportados por el Estado en presupuestos de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado”, la segunda a través de los “presupuestos de obras públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado”. Más claro, agua. Resumiendo, o lo paga usted directamente o lo hace indirectamente. Como decía Milton Friedman: "There is no such thing as a free lunch" (No existe el almuerzo gratis).

Por suerte para el contribuyente, no en todas las obras es aplicable el 1% cultural. Aquellas cuyo presupuesto no supere los 601.000 euros están exentas, como también lo están las que “afecten a la seguridad y defensa del Estado”. Esta es la razón por la que los “horrores monumentales” sólo aparecen después de grandes obras públicas, polígonos de nueva construcción (muchos de ellos están en mitad de la nada), planes de ampliación urbana y otros caramelos urbanísticos con los que los alcaldes y los presidentes autonómicos se relamen de gusto.

En la última década, al calor de la fiebre constructora, se han multiplicado como las setas debajo de un haya centenaria. En espera de que algún especialista en la materia realice un catálogo, aquí tiene una pequeña muestra de lo que un simple 1% perdido en una ignota ley de hace veinte años puede llegar a conseguir.     

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