L D (EFE) La enmienda, negociada entre el PP y CiU, establece también la obligación de proveer un sistema de sustitución adecuado para garantizar, en todo caso, que quienes tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente celebrarlo. La enmienda resultó aprobada con los votos a favor del PP y de CiU (13), la abstención del PNV y el rechazo del resto de los grupos (11).
Según el senador del grupo catalán, Lluis Badía, el objetivo de su enmienda, esencialmente "práctica", pretende conjugar el derecho a la objeción de conciencia del funcionario y, al mismo tiempo, dar salida al derecho reconocido en la futura ley a que personas del mismo sexo puedan casarse.
El senador del PP, Agustín Conde, explicó que el objetivo de las nueve enmiendas de su grupo persiguen "vaciar de contenido" el proyecto de ley, y consideró que la mayoría de los españoles comparten la posición del PP acerca de que el matrimonio es la unión estable entre un hombre y una mujer. Razonó asimismo que el derecho a la objeción de conciencia está recogido en la Constitución y recordó que se contempla en el supuesto de aborto y, anteriormente, en la prestación del servicio militar obligatorio. A juicio de Conde, para los contrayentes es indiferente quién les va casar: "¿qué más da el nombre y los apellidos de quien tramita el expediente matrimonial?", se preguntó.
Por su parte, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera, señaló que el aborto y el servicio militar "no tienen nada que ver" con el casamiento de una pareja homosexual, ya que ni el concejal ni el alcalde o funcionario "prestan una actividad profesional activa, sólo registran la voluntad" de dos contrayentes. Tras señalar que el ordenamiento jurídico español no prevé la objeción de conciencia, Díaz Tejera consideró que de incorporarse al proyecto de ley "sería abrir una espita de acogerse a esta posibilidad" en otros casos.
Por su parte, la senadora socialista María del Carmen Granado avanzó que su grupo rechazará el resto de enmiendas presentadas por las otras formaciones en la Comisión de Justicia, que deberán ser votadas en el Pleno del Senado, el próximo día 23. A juicio de Granado, el conjunto de enmiendas presentadas por el PP "siguen manteniendo la discriminación de las personas homosexuales y el reconocimiento de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".
El senador del PP, Agustín Conde, explicó que el objetivo de las nueve enmiendas de su grupo persiguen "vaciar de contenido" el proyecto de ley, y consideró que la mayoría de los españoles comparten la posición del PP acerca de que el matrimonio es la unión estable entre un hombre y una mujer. Razonó asimismo que el derecho a la objeción de conciencia está recogido en la Constitución y recordó que se contempla en el supuesto de aborto y, anteriormente, en la prestación del servicio militar obligatorio. A juicio de Conde, para los contrayentes es indiferente quién les va casar: "¿qué más da el nombre y los apellidos de quien tramita el expediente matrimonial?", se preguntó.
Por su parte, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera, señaló que el aborto y el servicio militar "no tienen nada que ver" con el casamiento de una pareja homosexual, ya que ni el concejal ni el alcalde o funcionario "prestan una actividad profesional activa, sólo registran la voluntad" de dos contrayentes. Tras señalar que el ordenamiento jurídico español no prevé la objeción de conciencia, Díaz Tejera consideró que de incorporarse al proyecto de ley "sería abrir una espita de acogerse a esta posibilidad" en otros casos.
Por su parte, la senadora socialista María del Carmen Granado avanzó que su grupo rechazará el resto de enmiendas presentadas por las otras formaciones en la Comisión de Justicia, que deberán ser votadas en el Pleno del Senado, el próximo día 23. A juicio de Granado, el conjunto de enmiendas presentadas por el PP "siguen manteniendo la discriminación de las personas homosexuales y el reconocimiento de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".