L D (EFE) En una notificación enviada al Congreso de los Diputados figura que el recurso de inconstitucionalidad se dirige también a la potestad normativa que se confiere a las Comunidades Autónomas en el desarrollo del régimen de los docentes funcionarios y la organización de las universidades privadas.
El Constitucional acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia. El objetivo es que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones.
Los artículos recurridos son el 34, 35, 37, 62, 56.2, 27 bis y 27.1 de la Ley Orgánica de Universidades.