L D (EFE) La Junta de Castilla y León había solicitado al TC que los documentos permaneciesen en Salamanca hasta que se resolviese el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ordenaba su traslado a Cataluña, a lo que el TC se opone, ya que "tiene vedada -señala- la posibilidad de suspender la aplicabilidad de la ley estatal". Por ello, en su auto recuerda a las autoridades salmantinas que ni la Constitución ni la propia ley reguladora del Tribunal Constitucional contemplan la posibilidad de que una ley estatal pueda dejar de ser aplicada "mediante medida suspensiva o cautelar alguna".
Los recurrentes habían solicitado asimismo la revisión de las 507 cajas que albergan esos documentos para verificar que su contenido se corresponde exactamente con los que la ley estableció que debían ser devueltos a Cataluña, solicitud que el Constitucional declara ajena a su jurisdicción.
La Junta de Castilla y León justificó su petición de aplazamiento del traslado por la advertencia de que, en caso de que finalmente se estimase su recurso de inconstitucionalidad, "podría ocurrir que fuera imposible recuperar los documentos, al poder ser enajenados sin traba alguna" por parte de los particulares a los que se les entreguen en Cataluña.