El Alto Tribunal ha acordado plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 5.1 de la Ley 25/1994 en su versión modificada por las leyes 22/1999 y 15/2001 que obliga a los operadores de televisión a invertir al menos el cinco por ciento de sus ingresos en la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión españolas y europeas.
Según expone la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, esta imposición por ley constituye "una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución (libertad de empresa)". "La restricción es tanto más relevante cuanto que el destino forzoso de las inversiones no corresponde al objeto propio de su actividad sino a un sector económico diferente", añade.
Asimismo, considera que la inversión obligatoria de los operadores televisivos en las producciones cinematográfica "no viene impuesta por la Directiva 89/552/CEE" y la cual pretende incorporar la legislación española con las leyes anteriormente citadas. "La Directiva -continúa el texto del TS- no ofrece base para obligar a los operadores de televisión a destinar un parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para la televisión europeas, incluidas las españolas".
Con todo, la sentencia afirma que el legislador "ha optado por una medida que sacrifica la libertad empresarial de los operadores televisivos por una medida que sacrifica la libertad empresarial a fin de aumentar y facilitar la financiación de determinadas creaciones cinematográficas".
Finalmente, el Supremo considera que "no resulta indispensable" que se añada a las medidas públicas de protección a la cinematografía, otra adicional que suponga para los operadores televisivos "una evidente mengua de la esfera de su libertad empresarial". "La ley podría incentivar el uso de sus recursos propios para invertirlos en productos cinematográficos a través de fórmulas diversas", concluye.
Por su parte, el magistrado José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat emitió un voto particular en el que señala que el artículo merece "un juicio positivo de su constitucionalidad, puesto que no vulnera el artículo 38 de la Constitución".
Bandrés considera que la medida es "una obligación inherente a la noción de servicio público de televisión, que limita la libertad de inversión de determinadas empresas con la finalidad legítima, por estar fundada en razones imperiosas de interés general, de coadyuvar al fomento e la industria cinematográfica europea, en general, y de la industria cinematográfica española, en particular, y de la producción audiovisual".
Asimismo, dice que la Directiva "habilita a los Estados miembros a definir una misión de interés público en el marco de la organización de sus servicios de radiodifusión televisiva, consistente en imponer a algunos órganos de radiodifusión 'la obligación de contribuir sustancialmente a la inversión en la producción audiovisual europea'".