A la nueva Ley Antifumadores le acompañaban severas advertencias bajo el brazo: quien la incumpla se enfrentará a duras sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Y, según la propia normativa, serán las Comunidades Autónomas las encargadas de velar por su aplicación, vigilando que los hosteleros obliguen a apagar sus cigarrillos a los infractores dentro de sus establecimientos. Además, los ciudadanos podrán hacer denuncias anónimas, que después tendrán que comprobar estos mismos inspectores.
La lógica sugiere que, en previsión, los gobiernos regionales -administraciones competentes en materia de Salud- incrementarían notablemente su personal (cuerpo de inspectores autonómicos) para supervisar el cumplimiento de la nueva ley, que modifica la vigente desde 2006.
Pero parece que la lógica se diluye con demasiada frecuencia en la burocracia del Estado autonómico: las Comunidades Autónomas no han destinado ni un nuevo puesto de inspector para controlar los establecimientos díscolos. Los mismos que en 2006 vigilaban que los locales de hasta 100 metros no tuvieran zona de fumadores, supervisarán ahora los 314.663 bares y restaurantes españoles en donde el Gobierno prohíbe terminantemente encender un pitillo.
El hecho se agrava cuando se atiende a la propia labor de estos inspectores. Su trabajo está muy lejos de reducirse a acudir de bar en bar para buscar colillas ocultas: los inspectores sanitarios son profesionales formados en Veterinaria, Farmacia o Medicina que, además de buscar humos prohibidos, supervisan alimentos, locales, explotaciones ganaderas, hospitales... Su dedicación no se restringe a vigilar a los fumadores, y su número para dicha tarea parece resultar insuficiente.
Así las cosas, el desbordamiento de estos técnicos es más que previsible. Aunque la presión supervisora varía dependiendo de cada comunidad autónoma. Y es que los efectivos encargados de controlar los malos humos difieren mucho de una región a otra, según ha comprobado Libertad Digital. De ahí que los fumadores y bares decididos a incumplir la ley lo tendrán mucho más fácil según el lugar de residencia, reduciendo así sustancialmente la probabilidad de ser multados o sancionados.
Debido, quizá, a esta previsible falta de inspectores se comprenda mejor el efusivo llamamiento de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, a delatar a los infractores. De este modo, se delega en el ciudadano la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley, ante la falta de efectivos que puedan llevarlo a término. Extremo que ha desatado las críticas de los hosteleros, molestos por convertirse en "policía del que fuma", según sus propias palabras.
Con este exhorto a los ciudadanos para que se conviertan en vigilantes de sus vecinos, Sanidad pretende impedir que la aplicación de esta ley sea tan laxa como su precedente. La experiencia mostró que en ciertas Comunidades Autónomas -como Madrid, entre otras- la aplicación de la ley de 2006 fue bastante suave gracias a la vista gorda realizada en la inspección de locales.
A continuación, el ránking de inspectores sanitarios:
Madrid: más de 2.000 bares para cada inspector
Se trata de una de las regiones en las que habrá menos vigilancia en el cumplimiento de la nueva ley antifumadores. Madrid suma 35.971 bares y restaurantes y apenas contará con 17 inspectores sanitarios para perseguir el humo ahora prohibido.
Valencia: 519 bares por inspector
La Generalidad valenciana cuenta con 65 inspectores para vigilar los 33.756 bares y restaurantes de toda la región. No podrán quejarse por falta de trabajo: 519 bares a supervisar por cada inspector.
Islas Canarias: 431 bares por inspector
El caso canario es uno de los más llamativos. Las Islas cuentan con 40 inspectores para 17.262 bares.
Galicia: 334 bares por inspector
Difícil lo van a tener los 70 inspectores sanitarios para testimoniar que en los 23.406 bares de toda la comunidad no se fume ni un cigarrillo.
Islas Baleares: 210 bares por inspector
Tampoco el archipiélago balear tiene visos de cumplir a rajatabla la nueva normativa. Medio centenar de inspectores permanecerán alerta sobre la aplicación de la ley en los 10.570 bares y restaurantes de la región.
Andalucía: 66 bares por inspector
Su caso merece mención aparte, por lo paradigmático de su descontrol. El caos burocrático de la Junta de Andalucía, junto a su pasividad, ha provocado que durante cinco años la anterior ley antifumadores no se haya aplicado, salvo en Córdoba.
Los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada dijeron entender que sería la Junta quien inspeccionaría los locales, mientras que ésta asumió lo contrario: por un antiguo embrollo legal las inspecciones sanitarias quedaban en manos municipales en estas tres ciudades. Así, cada cual interpretó la ley según el propio interés para zafarse de la responsabilidad de aplicar una norma estatal aprobada por el mismo partido que Gobierna Andalucía.
El entuerto legal ha resultado en un embuste, del que ahora el Gobierno andaluz dice haber tomado las riendas: reasume la competencia de inspeccionar los bares de Sevilla, Málaga y Granada, que tendrán sus primeras inspecciones sanitarias antifumadores en cinco año. Mientras Córdoba destinará 110 inspectores, la Junta pondrá 720.
Murcia: 59 bares por inspector
En esta región existen 8.907 bares, cuya aplicación de la ley antifumadores deberá ser supervisada por apenas 150 inspectores, a los que tampoco les faltará trabajo.
Cataluña: 58 locales locales por inspector
Según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, serán 800 inspectores los destinados a velar por el cumplimiento de la ley en los 46.776 bares de toda Cataluña.
Aragón: 44 bares por inspector
Serán 200 los inspectores que vigilen que en los 8.845 bares de Aragón no se encienda un solo cigarrillo, convirtiéndose en una de las comunidades en las que será más complicado tratar de fumar algún cigarro clandestino en locales de ocio.
La Rioja: 33 bares por inspector
En la comunidad riojana serán 65 inspectores quienes comprueben que en los 2.146 bares no existen ceniceros, y se encuentra bien señalizada la prohibición en la puerta de todos los locales.
Lo que esta disparidad de criterio pone de relieve es en manos de quién quedará en última instancia la aplicación de esta restrictiva ley: serán las Comunidades autónomas quienes decidirán, en última instancia, la laxitud o severidad con la que se aplica la normativa.
¿Dónde se refugiarán los fumadores?
Mientras tanto, comienzan a proliferar los "refugios" para fumadores. Son ya varios los bares que se han buscado la manera de darle la vuelta a la ley antifumadores constituyéndose en sociedades gastronómicas o clubes de fumadores para sortear la ley. Las asociaciones de este tipo son consideradas recintos privados, por lo que no están sujetos a la prohibición. Cada local, podrá elegir las normas de uso, entre ellas, el permiso de fumar.
Por el momento, un bar zaragozano ya ha elegido esta opción, además de otro club de fumadores en Orense, que también disfruta libremente de sus cafés con cigarrillos. Hecha la ley, hecha la trampa.