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Noticia publicada el 26-09-2007
LD (EFE) España es un país más corrupto, una preocupante tendencia que ha iniciado a partir del año 2004. La razón está principalmente en el mercado inmobiliario y lo que se llama "especulación urbanística". Así, según el presidente de TI España, Jesús Lizcano, esta pérdida de cota en el índice ha hecho que España baje desde el 7,1 logrado en 2004, hasta el mencionado 6,7, un resultado "bueno, pero no demasiado".
No obstante, a su juicio, es previsible que el resultado de España vuelva a mejorar en la medida en que el sector inmobiliario empieza a desacelerarse, la presión de la demanda sobre la oferta es menor, y legislaciones como la recién aprobada Ley del Suelo dificultan la especulación e inciden en la transparencia del sector.
No obstante, a su juicio, es previsible que el resultado de España vuelva a mejorar en la medida en que el sector inmobiliario empieza a desacelerarse, la presión de la demanda sobre la oferta es menor, y legislaciones como la recién aprobada Ley del Suelo dificultan la especulación e inciden en la transparencia del sector.
Pero esta no es la opinión de otros analistas. Deloitte advirtió en marzo que la nueva Ley del Suelo puede "revolucionar" el sector en algunos aspectos y producirá un abaratamiento "brutal" de las expropiaciones. También ha advertido de que ahora para hacer negocio tendrán que convertirse en "contratistas de los ayuntamientos".
El Instituto Juan de Mariana se teme que todo ello creará más y no menos corrupción. En un informe elaborado sobre las consecuencias de la nueva legislación, observó en la nueva Ley un nuevo instrumento de corrupción urbanística. A su juicio la norma incide en los errores del pasado e incrementa el intervencionismo público en la gestión del suelo, incentivando así la corrupción urbanística. La nueva ley conllevará la extensión de la expropiación estatal, incentivará la creación de un oligopolio en el sector inmobiliario, favorecerá la especulación política, incrementará el precio de la vivienda libre y fomentará la recaudación tributaria, además de ser posiblemente inconstitucional.
En el índice, que mide la percepción que tienen expertos y empresarios de 180 países de la corrupción en el sector público, España ocupa el puesto número veinticinco, aunque en el grupo de la Unión Europea se coloca aproximadamente en la mitad del ránking.
Así, España se sitúa por debajo de países como Nueva Zelanda (9,4), Finlandia (9,4), Reino Unido (8,4), Francia (7,3), Estados Unidos (7,2), Chile (6,9) o Uruguay (6,7) y por delante de Portugal (6,5), Italia (5,2) o Grecia (4,6). Los países nórdicos son los que obtienen mejores puntuaciones en el índice, como Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4), Suecia (9,3) o Islandia (9,2), junto a Nueva Zelanda (9,4) y Singapur (9,3), en tanto que los países con las notas "más dramáticas" son Irak (1,5), Somalia (1,4) y Myanmar (1,4).
Tres de cada cuatro países del índice suspende y además el cuarenta por ciento del total tiene puntuaciones inferiores a 3, lo que significa que la corrupción es percibida como "desenfrenada".
En el índice, que mide la percepción que tienen expertos y empresarios de 180 países de la corrupción en el sector público, España ocupa el puesto número veinticinco, aunque en el grupo de la Unión Europea se coloca aproximadamente en la mitad del ránking.
Así, España se sitúa por debajo de países como Nueva Zelanda (9,4), Finlandia (9,4), Reino Unido (8,4), Francia (7,3), Estados Unidos (7,2), Chile (6,9) o Uruguay (6,7) y por delante de Portugal (6,5), Italia (5,2) o Grecia (4,6). Los países nórdicos son los que obtienen mejores puntuaciones en el índice, como Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4), Suecia (9,3) o Islandia (9,2), junto a Nueva Zelanda (9,4) y Singapur (9,3), en tanto que los países con las notas "más dramáticas" son Irak (1,5), Somalia (1,4) y Myanmar (1,4).
Tres de cada cuatro países del índice suspende y además el cuarenta por ciento del total tiene puntuaciones inferiores a 3, lo que significa que la corrupción es percibida como "desenfrenada".
Estos resultados muestran, para Transparencia Internacional, la "fuerte correlación" que hay entre corrupción y pobreza, lo que requiere de una acción global entre países ricos y pobres para detener el flujo de dinero ilícito y "hacer justicia" para los menos favorecidos. Los sobornos suelen provenir de multinacionales con sede en los países más ricos del mundo, señala la organización, para quien es "inaceptable" que estas empresas usen el soborno en el extranjero como estrategia empresarial legítima. Los centros financieros mundiales son, además, un punto clave para los funcionarios corruptos que desean movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada.
A este respecto, TI subraya que los paraísos fiscales jugaron un papel crucial en el saqueo de millones de euros en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, "facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes".
Para evitar estas situaciones, la organización de lucha contra la corrupción insiste en que los gobiernos adopten medidas contra el blanqueo de dinero para que desaparezcan los refugios de activos robados, y que los países ricos regulen sus centros financieros de una forma "más rigurosa". También consideran necesario que las juntas directivas de las empresas multinacionales introduzcan códigos 'antisobornos' eficaces y que los países en desarrollo usen los fondos humanitarios para fortalecer sus instituciones de gobierno.
El índice de percepción de la corrupción 2007 se basa en catorce encuestas y estudios proporcionados por doce instituciones independientes, con la opinión de expertos y empresarios residentes y no residentes de los 180 países que participan.
