Unas y otras fuentes achacan la desconcertante situación actual a diversas causas. Para unos, la mala actuación instructora del juez ha conducido a este caos. Para otros, el comportamiento de la Delegación del Gobierno creyendo que la desaparición era una mera rabieta juvenil o un caso de violencia doméstica, lo ha complicado totalmente. Para las fuentes de la Policía Nacional, los interrogatorios pueden no haberse efectuado "profesionalmente". Si el cadáver no aparece, la condena por homicidio será como máximo de 5 años y el autor confeso del asesinato podría salir de la cárcel antes de cumplir los 30 años.

Para el secretario del Sindicato Profesional de la Policía Local, Luis Val, resulta evidente que es el Juzgado quién tiene la responsabilidad de instruir las diligencias una vez detenidos e interrogados primeramente por la Policía. El hecho de que vuelvan ahora la hipótesis del río es consecuencia del tiempo del que han dispuesto los detenidos y sospechosos para organizarse adecuadamente. La policía, según esta fuente, no puede hacer otra cosa que seguir los indicios de la investigación y tener en cuenta la declaración de los autoinculpados.

Asesoramiento de primera

Muy extraño parece a Val el eficaz y buen asesoramiento jurídico del que disponen los inculpados. Tal es el caso de Miguel Carcaño cuando confesó el delito de violación, delito del que no tenía por qué autoinculparse porque el cadáver no había aparecido y no podía probarse adecuadamente tal afirmación. La confesión de violación parece aconsejada, como su presunto intento de suicido en la cárcel de Morón, por un experto jurídico que sabía que en el primer caso, la violación, se eliminaba de derecho el jurado popular y en el segundo, se acreditaba arrepentimiento, útil después como atenuante.

Para una fuente autorizada que ha preferido que reservemos su nombre del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, toda la situación escandalosa de este caso procede de su primer momento, en el que es clave la detención de los presuntos sospechosos y la realización de todos los interrogatorios. Sin embargo, la "autoridad política", es decir, la Delegación del Gobierno consideró más apropiado tratar el caso Marta como una desaparición "habitual" de adolescentes por enfados o enemistades durante unos días, antes que como caso alarmante de posible asesinato.

Debido a haber adoptado una teoría equivocada y sin fundamento, pasaron las horas y los días y dio tiempo a los presuntos culpables a organizar perfectamente las coartadas y a esconder o hacer desaparecer el cadáver de la infortunada chica. Lo normal es coger a todos los presuntos sospechosos y proceder a interrogatorios intensivos, persistentes y cualificados de modo que sea imposible no sólo ya ponerse de acuerdo sino evitar las contradicciones. Lo que no se puede, según estas fuentes, es llamar a unos y a otros presuntos implicados con semanas de diferencia, dando tiempo a la conexión y organización de sus declaraciones porque no están incomunicados sino cómodamente uno en la cárcel y otros en sus casas.

Sobre la desaparición del cuerpo de Marta, cree que la falta de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, como siempre, es cosa de mandos políticos más que de agentes de a pie y mandos próximos.

"Ni puta idea"

Las fuentes de la Policía Nacional consultadas por Libertad Digital nos aportan que es cierto que hay muchas desapariciones juveniles que tienen como causa los cabreos y "prontos" dentro de las familias y que a las pocas horas llaman y desvelan su paradero. En este caso, pudo no haberse valorado adecuadamente el carácter de la desaparición de Marta. De hecho, se reconoce que no se tiene "ni puta idea" de dónde está el cuerpo. "Más fácil es, sin duda, descartar el vertedero que el río, porque ha habido cadáveres en el río que han aparecido incluso río arriba, cerca de Córdoba, a los meses de haber desaparecido."

Estas fuentes hacen hincapié en la necesidad de que hubiera habido interrogatorios minuciosos, grabados y extenuantes para los detenidos de modo que las contradicciones hubieran salido a la luz. Confiesan las mismas fuentes que el tiempo corre a favor de los presuntos asesinos porque cada día que pasa es más fácil que el cuerpo no aparezca nunca. Igualmente han mencionado la hipótesis de que el cuerpo de Marta hubiera sido calcinado en algún horno y sus cenizas esparcidas.

Si este fuera el caso, penalmente sólo podría condenarse, como máximo, a diez años de cárcel al principal acusado, Miguel Carcaño por un delito de homicidio. De los diez, cumpliría a lo sumo cinco por lo que con menos de 30 años podría salir a la calle tras haber estudiado, si quisiera, una carrera dentro de la cárcel. Todas las fuentes coinciden en señalar que los amigos de Miguel y el propio Miguel formaban una pequeña banda de delincuentes menores puesto que en su casa se habían encontrado diversos objetos robados.

En definitiva, camino de dos meses tras la desaparición de Marta, nadie tiene ni idea de dónde está su cuerpo y qué fue realmente lo sucedido, para desprestigio general de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Justicia.

Precisamente este 23 de abril, se ha anunciado que la utilización de un escáner en tres dimensiones permite el desarrollo de una técnica válida para la identificación de restos humanos basada en la superposición de imágenes gracias a la comparación de "miles de puntos" tomados como referencia entre el hueso y la fotografía. Este método, desarrollado por el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR), permite resolver desapariciones con una fiabilidad "alta" y ya se ha utilizado en algún caso real. Que se sepa, no en el caso de Marta del Castillo.

El escándalo del "premio a los criminales"

El tío de Marta del Castillo, Javier Casanueva, ha calificado este jueves la petición de la Fiscalía de Sevilla de una indemnización para la novia del asesino confeso de la joven y para una amiga de la chica fallecida, ambas menores, como un "punto más de dolor" para la familia y "una forma de premio a mentir". Casanueva, que ha participado hoy en unas jornadas sobre Justicia y Sociedad en la Universidad de Granada (UGR), ha considerado "muy fuerte" la solicitud del Ministerio Público, después de que decidiera no presentar cargos contra ellas al entender que eran "excesivamente menores".

A su juicio, la Fiscalía "ha interpretado la ley de una forma excesiva" ya que "si hay alguien a quien habría que indemnizar sería a Marta, que es la que no está con nosotros", ha lamentado el tío de la joven y representante de la Plataforma "Caso Marta".

Además, ha asegurado que la familia no ha recibido comunicación oficial de que la Policía tenga intención de abandonar el búsqueda del cuerpo de Marta en el vertedero y volver a reforzar los trabajos en el río Guadalquivir, aunque siempre han pensado que la primera versión que ofreció el presunto asesino de su sobrina "tiene más parte de verdad que de mentira".

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una demanda en la que reclama 100.000 y 30.000 euros de indemnización para la novia del presunto asesino de Marta del Castillo y una amiga de la joven fallecida, por el daño causado en su derecho a la intimidad al ser entrevistadas en varios programas de televisión. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, aboga por multar a la productora que entrevistó a ambas chicas y enviar el dinero a las arcas públicas