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Gabilondo: "Debemos poner los medios" para que los niños hablen castellano

La negociación del pacto educativo ha evidenciado la posición de Gabilondo: ha reconocido que existen problemas con el castellano en varias comunidades. Esta conclusión se extrae del texto que ha propuesto al resto de agentes que negocian. Deberán decidir si lo apoyan en 15 días.

LD / Agencias
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El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha instado a los poderes públicos a que pongan los medios "que sean necesarios" para garantizar que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana y, si la hubiere, en la cooficial de la comunidad autónoma.

Ésta es una de las novedades que incorpora el texto final de propuestas para el Pacto Social y Político por la Educación, un documento de doce objetivos y 148 propuestas que tienen como finalidad la creación de un sistema educativo que "garantice la equidad y la excelencia en todos sus niveles", que el ministro presentó este jueves ante agentes sociales y políticos, y que recoge que "la competencia lingüística es una de las claves para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes y para su inclusión social".

Otros puntos que amplía el nuevo texto hacen referencia al refuerzo de la autoridad del profesor pero sin llegar a concederle el rango de autoridad pública y plantea "revisar la estructura del Bachillerato para flexibilizar su organización y establecer los procedimientos necesarios para que el alumnado pueda superar todas las materias".

La autoridad del profesorado

En cuanto al reconocimiento de la autoridad del profesorado, exigencia manifestada por algunos dirigentes del PP y sindicatos del profesorado, la propuesta de Gabilondo propone apoyar a los docentes y a los equipos directivos de los centros "reforzando su autoridad social, académica y profesional en el ejercicio de sus funciones".

Además, "se establecerá la asistencia jurídica necesaria y adecuada ante las demandas que pudieran derivarse de su actuación profesional, lo que está asociado al reconocimiento de su autoridad y a un mayor reconocimiento social, especialmente por parte de las familias, fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en las aulas para conseguir que todos los centros sean lugares adecuados para el estudio y el trabajo".

1.570 euros a tres años

La memoria económica del pacto es otro de los aspectos que este jueves dio a conocer el ministro. Así, se destinarán 1.570 millones de euros para desarrollar el Pacto por la Educación en los próximos tres años, aunque el Gabilondo ha renunciado a blindar las reformas por ley.

Por otra parte, el documento concreta que "la programación general de la enseñanza por parte de las administraciones educativas debe favorecer la libertad de elección de las familias" para lo que la propuesta  compromete a facilitar a los padres "una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros públicos y privados concertados de su correspondiente ámbito territorial".

Para hacer frente al abandono del sistema educativo por parte de los jóvenes, tras completar la educación obligatoria, el texto plantea que se fomente que todos los estudiantes continúen su formación, como mínimo hasta los 18 años, "flexibilizando las ofertas formativas, impulsando el aprendizaje a lo largo de la vida y ofreciendo alternativas que permitan compatibilizar formación y empleo", a fin de alcanzar el objetivo europeo de un 85% de jóvenes con una titulación secundaria postobligatoria.

Modificaciones en la LOE

El ministro también propone las "modificaciones legislativas necesarias" para impulsar el cumplimiento de los objetivos educativos de la década 2010-2020, así como las que se puedan derivar del seguimiento y aplicación de las diferentes medidas contempladas en pacto, que se realizarán buscando el "máximo consenso".

Asimismo, señala se intensificará la colaboración y cooperación de las administraciones educativas con las distintas administraciones públicas y con la comunidad educativa "para alcanzar la mayor estabilidad normativa posible, procurando la implicación y corresponsabilidad de todas ellas en dicha tarea".

Quince días para dar una respuesta definitiva
 
El ministro de Educación ha asegurado que el texto definitivo del Pacto por la Educación llega hasta el máximo de su capacidad de consenso, y ha dado un último plazo de 15 días para saber su respuesta definitiva.

"Vamos a pensar en quién puede decir sí y no solo en quien diga no", ha asegurado Gabilondo, quien ha confesado que no le es "indiferente" que esté el PP. Aunque ha expresado su "enorme agradecimiento" a todos los implicados por su alta "responsabilidad institucional", el ministro ha asegurado: "hasta aquí ha llegado nuestra capacidad de consenso".

Los partidos han indicado que tendrán que estudiar detenidamente la propuesta de Gabilondo en las próximas dos semanas y, en concreto el PP ha adelantado que prevé más bien "acuerdos puntuales" que un Pacto de Estado. El PP ha comentado que "siguen sin resolverse" cuestiones fundamentales como la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, y que no se garantiza la defensa del castellano en toda España ni se hace referencia a enseñanzas comunes para todas las comunidades.

El PNV ha demandado al Gobierno más "soluciones concretas" que genéricas, y ha resaltado que desearía saber cuáles son las "22 modificaciones legislativas" que se tendrían que aplicar si se firma el Pacto.

ERC ha dicho que nunca se podrá entender con el PP en el tema educativo, y que si el PSOE hubiera optado por presentar iniciativas parlamentarias seguro que le habría apoyado. "Hay empecinamiento en esconder la salvaguarda de la cohesión social en los territorios donde quieren lenguas territoriales distintas a la española", ha concluido ERC.

IU ha exigido que el adoctrinamiento religioso de las enseñanzas confesionales quede fuera del currículo y del horario lectivo y que se debe retirar la financiación pública a los centros que discriminen por razón de sexo u otra circunstancia fijada en la Constitución. Coalición Canaria ha asegurado que no hay nada "insalvable" en el texto definitivo.

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