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Galicia Bilingüe pide que se investiguen las amenazas a comerciantes por el gallego

Galicia Bilingüe ha decidido acudir a la Agencia de Protección de Datos para que investigue a la denominada Mesa por la Normalización Lingüística tanto por manejar listas negras de comerciantes y otros empresarios en su campaña por imponer el uso del gallego, como por remitir a estas personas cartas amenazándolas con la supuesta apertura de expedientes para que modifiquen sus usos idiomáticos.

Galicia Bilingüe ha decidido acudir a la Agencia de Protección de Datos para que investigue a la denominada Mesa por la Normalización Lingüística tanto por manejar listas negras de comerciantes y otros empresarios en su campaña por imponer el uso del gallego, como por remitir a estas personas cartas amenazándolas con la supuesta apertura de expedientes para que modifiquen sus usos idiomáticos.

(Libertad Digital) Galicia Bilingüe entiende que la Mesa "podría estar vulnerando el derecho a la intimidad de los ciudadanos a los que presiona, con independencia de que sus métodos resulten a todas luces, y desde un punto de vista ya no legal, sino puramente ético, del todo reprobables".

La asociación por la defensa del bilingüismo informará además a la Fiscalía del asunto para que se pronuncie sobre si las referidas amenazas implican la comisión de algún ilícito criminal.

Ya en el pasado mes de marzo, la asociación detectó el envío de cartas por la Mesa a varios directores de centros educativos públicos y privados de Galicia, en los que, como ahora a empresarios, se les advertía sobre la apertura de expedientes, relacionados en estos casos con supuestos incumplimientos del decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza.

Galicia Bilingüe quiere recordar que la Mesa es una entidad de carácter absolutamente privado, aunque subvencionada por la Xunta de Galicia y otras administraciones públicas. Las cartas, además de resultar incomprensible que no sonrojen a los responsables de las instituciones que financian a esa organización, suponen una intromisión inaceptable en las competencias de la Inspección educativa, en el caso de los directores, y en una actividad mercantil de carácter privado, en el caso de los empresarios.

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