Gallardón echa a otras siete familias de sus casas junto a la central térmica

Vallecas ha sido en la mañana de este miércoles un nuevo episodio dramático en el que unos madrileños han visto como funcionarios del Ayuntamiento y una numerosísima dotación de policías municipales les obligaban a abandonar sus viviendas.

La razón para ello es, según el consistorio, la ruina inminente de la estructura, que en teoría amenaza con colapsar de un momento a otro. Pero varios informes acreditados y que están en posesión de los vecinos niegan contundentemente esta posibilidad y esta supuesta ruina que, de hecho y tal y como ya hemos contado en Libertad Digital, no se apreciaba en ningún momento al visitar la casa.

Así que el verdadero motivo es, según los vecinos, que el edificio está justo en la línea de la rampa por la que los camiones entrarán en la famosa central térmica que Gallardón se ha empeñado en construir en mitad del populoso barrio madrileño.

Inaudito despliegue policia

Dos aspectos de este desalojo han llamado la atención de los presentes y de los propios vecinos: por un lado el tremendo despliegue policial, que ha incluido más de una decena de vehículos de los agentes municipales e incluso un par de la Policía Nacional (cuyos agente, por cierto, contemplaban la escena con cierto disgusto e incluso con cierta rechifla por la labor de sus colegas).

Y por el otro la celeridad y nocturnidad con la que ha empezado el proceso: según los vecinos a las cuatro de la madrugada y había policías en la zona y se había establecido un perímetro de seguridad alrededor del edificio, un perímetro que luego se ampliaría de forma sorprendente bastantes metros más allá.

Un tercer aspecto sorprendente ha sido el interés, bastante infructuoso por otro lado, en dificultar la labor de los medios de comunicación presentes, colocando sus vehículos en la línea de disparo de las cámaras y, como decimos, iniciando la operación a una hora en la que nadie podía esperarlo.

Siete familias echadas de sus casas

En esta ocasión han sido siete las familias obligadas a abandonar sus viviendas, familias que en su mayor parte conservan los contratos de venta que se firmaron con el entonces Patronato Municipal de la Vivienda, antecesor de la actual Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Además, cuatro menores de edad vivían todavía en el edificio.

Pese a la existencia incuestionable de este contrato la EMVS niega a los propietarios de las viviendas esta condición ya que al terminar el plazo legal y haberse realizado los pagos correspondientes se negó a formalizar las escrituras de propiedad. Así, la expropiación que de facto se está realizando no les supone ninguna contraprestación o, al menos, no la que correspondería: una casa pagada por su casa ya pagada.

Sin embargo, lo que sí se les ha ofrecido es una vivienda de la EMVS por un coste cercano a los 60.000 euros, algo que la mayoría de los afectados no puede asumir y para lo que, en las actuales circunstancias, es prácticamente imposible que encuentren financiación.

Tras el desalojo tres de los siete vecinos han sido "invitados" a la sede de la EMVS, a donde han ido acompañados por su abogado, donde se les hará una "oferta" que en el momento de ser desalojados de sus casas desconocían pero que al parecer se ha quedado en un contrato de alquiler por cinco años sin ninguna seguridad de que al final de ese periodo se renovará.