Además, el juez puso en libertad bajo fianza al director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (que tendrá que abonar 25.000 euros); y a los tres empresarios detenidos: el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana (500.000 euros) ; el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros).

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión de seis de los nueve detenidos en cada una de las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que se fueron celebrando al término de las comparecencias, que se prolongaron durante casi siete horas. Según las fuentes consultadas, todos los comparecientes contestaron a las preguntas formuladas por el juez y el fiscal y trataron de desvincularse de la trama defendiendo que sus actividades siempre han sido legales.

El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales, según explicó su letrado, Fermín Morales, quien añadió que el juez no preguntó a su cliente si tiene cuentas bancarias fuera de España o si se ha enriquecido durante los últimos años. Sus preguntas se limitaron, según dijo, a servicios y adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma, como la de los terrenos del centro comercial Cubics.

Muñoz también destacó en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con su compañero de partido Luis García, 'Luigi', presunto cerebro de la trama. Su letrado indicó que el regidor no se ha planteado de momento dimitir de su cargo y que siempre ha colaborado con los investigadores, incluso cuando se realizaron los registros en la sede de las empresas municipales. "El alcalde se encuentra entero pero sorprendido y desconcertado por la dimensión que ha adquirido todo este asunto", dijo.

En una línea similar, el director gerente de Servicios, Pasqual Vela, alegó ante el instructor que su labor en el Ayuntamiento no tiene nada que ver con el urbanismo y se limita a cuestiones relacionadas con el "bienestar de los vecinos, como la prestación de becas", según explicó su abogado, Albert Boada. "Es un funcionario modélico", aseguró.

Alavedra y Prenafeta, por su parte, declararon durante 45 minutos y una hora, aproximadamente, según explicó su abogado, Juan Córdoba, que no quiso detallar si la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión para ellos. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", explicó.

Salvo Carrillo, el resto de detenidos en la 'operación Pretoria' llegaron esposados a las 7.30 horas de la mañana a la Audiencia Nacional en el interior de un furgón y comenzaron a declarar ante el juez Baltasar Garzón a las diez de las mañanas. En concreto, fueron trasladados en un furgón desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional. A sus puertas, los agentes entregaron a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino.

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.

En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.