L D (EFE) De esta forma tan contundente se ha expresado la portavoz de la Campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero. Según ella, la existencia de un total de 1.684 puntos negros en el litoral español podría acabar con los beneficios económicos que supone el turismo español. La alusión al caso “Prestige” no se podía evitar, Caballero considera “nefasta” la política del Gobierno en el caso del buque siniestrado, pero también ha alertado de otros problemas, como la desaparición de las playas, su saturación, y contaminación.
La plataforma ecologista denuncia la situación de 1.137 playas afectadas por la marea negra, otros 205 puntos en que se realizan vertidos al mar o playas, 173 playas con mala calidad en sus aguas, 91 playas regeneradas artificialmente, 51 macro urbanizaciones, 35 paseos marítimos, 31 puertos deportivos, 20 ampliaciones de puertos comerciales, 13 prospecciones petrolíferas en el mar y un nuevo puerto industrial.
Caballero ha calificado de “gravedad sin precedentes” la modificación de la ley de Costas realizada en 1988 mediante la cual se permite la construcción a 20 metros del mar, con lo que se da prioridad a la construcción sobre la protección de la costa. Denuncia que los vertidos son habituales en Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco, Melilla y la Comunidad Valenciana. Además, ha afirmado que en Las Palmas de Gran Canaria se vierten directamente al mar la mitad de las aguas fecales y que todas las playas melillenses sufren un grave problema de contaminación.
La plataforma ecologista denuncia la situación de 1.137 playas afectadas por la marea negra, otros 205 puntos en que se realizan vertidos al mar o playas, 173 playas con mala calidad en sus aguas, 91 playas regeneradas artificialmente, 51 macro urbanizaciones, 35 paseos marítimos, 31 puertos deportivos, 20 ampliaciones de puertos comerciales, 13 prospecciones petrolíferas en el mar y un nuevo puerto industrial.
Caballero ha calificado de “gravedad sin precedentes” la modificación de la ley de Costas realizada en 1988 mediante la cual se permite la construcción a 20 metros del mar, con lo que se da prioridad a la construcción sobre la protección de la costa. Denuncia que los vertidos son habituales en Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco, Melilla y la Comunidad Valenciana. Además, ha afirmado que en Las Palmas de Gran Canaria se vierten directamente al mar la mitad de las aguas fecales y que todas las playas melillenses sufren un grave problema de contaminación.