(Libertad Digital) Las órdenes de distintas jefaturas superiores de Policía desmienten de nuevo las declaraciones del ministro Rubalcaba y el secretrario de Estado, Antonio Camacho, que dijeron en el Congreso que las detenciones de cupos de inmigrantes había sido un hecho aislado en "cuatro o cinco comisarías de Madrid". Y todo después de que el titular de Interior, admitiera primero que se producían estos arrestos y luego posteriormente lo negara.

Estas detenciones afectaron al menos a quince comisarías de la Comunidad de Madrid y a otras dos autonomías como Cataluña y Castilla-La Mancha. De este modo, los datos de las diferentes jefaturas superiores de Policía contradicen las comparecencias de los dos políticos responsables de la seguridad en España, que negaron la existencia de cupos para arrestar a inmigrantes sin papeles.

En un documento remitido por el jefe superior de la Policía de Castilla-La Mancha al director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, se remite un informe por provincias en el que aparecen las infracciones, los delitos y el número de detenidos. "Albacete, en general tiene una correcta actividad operativa, si bien ésta no se manifiesta en el descenso de su TCR (infracciones conocidas) +1,13. Además, tiene déficit en el número de detenidos en aplicación de la Ley de Extranjería AIE (-388) y en autores identificados AI (-0,72)", dice el texto.

Lo mismo ocurrió con el acta de una reunión en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Igualmente, se analizan los datos por provincias y en el caso de Tarragona el "jefe de la Ucot (mando operativo de la Jefatura Superior) ha hecho 47 detenciones (31 por delitos y faltas, seis por reclamaciones judiciales y 10 por aplicación de la Ley de Extranjería".

Además, en este informe se dice que los datos no son nada buenos "a pesar de haber potenciado la Brigada Provincial de Extranjería". Y se dan nuevas órdenes claras y concisas: "Incrementar el número de detenidos por aplicación de la Ley de Extranjería, a los que se tramite propuesta de expulsión".

Los principales sindicatos policiales han pedido a Pérez Rubalcaba que asuma "su responsabilidad política" en este tema y que deje de responsabilizar con "reiteración" a los mandos policiales.