Según estas fuentes, para que el juez Santiago Pedraz, instructor del caso, autorizara este traslado, una de las partes –Fiscalía, defensa de los arrestados o Abogacía del Estado, que presentó la denuncia por estos hechos en la Audiencia Nacional– tendría que solicitar una cesión de jurisdicción.

No obstante, las fuentes consultadas han considerado que el magistrado tendría que analizar la vigencia del acuerdo que existe entre la UE y Kenia que permite la entrega a este país africano de los piratas detenidos en aguas del Océano Índico por las fuerzas de la operación "Atalanta" para su posible enjuiciamiento.

Además, Pedraz dispone del auto dictado esta misma semana por el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que establece la competencia de los tribunales españoles para investigar la participación de los supuestos piratas por delitos de secuestro y asociación ilícita, ya que los hechos "han sido ejecutados y se están cometiendo a bordo de un buque español".

La Audiencia justificó su competencia

Así lo fija, según el pleno, el principio de soberanía del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de que en su apartado cuatro recoge el título de la piratería puesto en relación con las disposiciones de derecho internacional, lo que otorga similar cobertura a la jurisdicción española.

También subraya el que el artículo 6 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima obliga a los Estados a establecer su jurisdicción respecto a los delitos de piratería "cuando se cometan contra un buque que enarbole su pabellón –como es el caso–, cuando se ejecute en su territorio y mar territorial o cuando el supuesto responsable sea nacional".

Con estos fundamentos jurídicos, han añadido las mismas fuentes, es "muy complicado" que Pedraz acuerde, si así lo solicitara alguna de las partes, el traslado del joven somalí "Abdu Willy" –preso en el módulo de jóvenes de la cárcel de Alcalá-Meco– y de "Raageggesey Adji Haman" –encarcelado en Soto del Real.

Los dos supuestos piratas, acusados de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, fueron detenidos el 4 de octubre, dos días después del secuestro del Alakrana, cuando la tripulación de la fragata española 'Canarias', que actúa en el marco de la operación "Atalanta", se percató de que un esquife abandonaba el atunero español y los apresó.