L D (EFE) El acuerdo, tomado en la reunión del gobierno catalán y anunciado por su portavoz, Joaquim Nadal, que ha recordado que es "en aplicación de la ley de normalización lingüística", supone que las empresas contratadas deberán utilizar el catalán en sus rótulos, publicaciones, avisos y en la documentación dirigida al público. Cuando el idioma forme parte, directa o indirectamente, del producto o del servicio contratados, éstos deberán ser en catalán, siempre que el coste de esta medida sea proporcional a los beneficios que se pretende conseguir.
En el caso de los contratos de suministros, se establece la obligación de facilitar en catalán los manuales de instrucción o documentación técnica de los bienes o productos objeto del contrario. Si los contratos incluyen productos catalanes con distintivos de origen y de calidad o productos artesanales que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña, deberán estar etiquetados en catalán. En los contratos de consultoría y asistencia de servicios, los estudios, proyectos y trabajos análogos que la Generalitat encargue deberán ser entregados en catalán, salvo que su finalidad exija la redacción en otra lengua.
Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el gobierno catalán creará una comisión de seguimiento presidida por el director de servicios del departamento de Economía y Finanzas, y formada por un representante de la secretaría de Política Lingüística y por los vocales que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa designe.
En el caso de los contratos de suministros, se establece la obligación de facilitar en catalán los manuales de instrucción o documentación técnica de los bienes o productos objeto del contrario. Si los contratos incluyen productos catalanes con distintivos de origen y de calidad o productos artesanales que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña, deberán estar etiquetados en catalán. En los contratos de consultoría y asistencia de servicios, los estudios, proyectos y trabajos análogos que la Generalitat encargue deberán ser entregados en catalán, salvo que su finalidad exija la redacción en otra lengua.
Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el gobierno catalán creará una comisión de seguimiento presidida por el director de servicios del departamento de Economía y Finanzas, y formada por un representante de la secretaría de Política Lingüística y por los vocales que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa designe.
El que quiera en castellano, que lo solicite
Respecto a los contratos de gestión de servicios públicos, los adjudicatarios deberán emplear normalmente el catalán en las actuaciones y la documentación internas, en la rotulación, en la megafonía, en las instrucciones de uso, en el etiquetado y en el embalado de los productos o los servicios que se produzcan u ofrezcan. También deberán utilizar el catalán en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlo en castellano si lo solicitan.
En cuanto a las subvenciones, los adjudicatarios deberán cumplir lo que establece la Ley de Política Lingüística, y en el caso de las empresas con establecimientos abiertos al público hará falta que, para recibirlas, estén en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña. Además, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los usuarios y consumidores deberán estar redactados, al menos, en catalán.
Asimismo, todas las empresas adjudicatarias de subvenciones deberán tener al menos en catalán los rótulos y las informaciones interiores de carácter fijo dirigidas a las personas que trabajan allí. Como requisito para optar a una subvención, los productos catalanes que gocen de distintivos de origen y de calidad y los productos artesanales que se distribuyan en el ámbito territorial de Cataluña deberán estar también, como mínimo, etiquetados en catalán.
En cuanto a los créditos y avales otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario, también se condicionará su concesión al cumplimiento de los mismos criterios que en el caso de las subvenciones.