El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, ha tenido que referirse al polémico proyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Baltasar ha dicho que este decreto aún está en fase de aprobación, por lo que aún no han concretado si los profesores de las universidades privadas también tendrán la obligación de saber catalán. Tampoco se ha concretado si los profesores universitarios deberán acreditar el nivel C de catalán o bien un nivel inferior de esta lengua.
Como informa El País, la nueva norma se ha discutido, de hecho, con la universidad pública y la privada. Apunta el diario a que se ha hablado de este asunto durante más de un año. No habla de las reacciones en contra que ha venido suscitando y que han ido retrasando la aprobación.
Fuentes del Departamento de Universidades indicaron al diario de Prisa que el decreto, que se aprobaría en las últimas semanas del tripartito, responde a la Ley de Universidades de Cataluña, que establece que los estudiantes tienen derecho a ser entendidos y atendidos en catalán.
Se especuló con la posibilidad de que el decreto pudiera aprobarse hoy mismo, pero Baltasar no lo ha anunciado ni tampoco ha precisado si su aprobación llegará la próxima semana. Este lunes, el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, dijo que el decreto ha pasado todos los trámites necesarios para llegar al Consejo Ejecutivo.
Huguet aclaró que pretende retornar el equilibrio entre el catalán y el castellano en las universidades, aunque y alegó de que se trata de una normativa que va más allá del catalán, ya que también exigirá el castellano a los profesores extranjeros y el inglés a los que impartan másters en esta lengua.
ERC ve la norma "prudente"
El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha defendido a Huguet (ERC) este martes en rueda de prensa, por impulsar "una norma prudente, con un período de adaptación para los que vienen de fuera, y por no ser retroactivo" el contenido de la norma.
Ridao ha instado a CiU a que diga que esta "es una proposición positiva y acertada", y ha añadido que es una falacia pensar que la norma pueda convertirse en un freno para las universidades catalanas.