Inexplicablemente la Guardia Civil impidió a más de doscientas personas acceder a un acto religioso absolutamente apolítico que se celebró este miércoles en la basílica del Valle de los Caídos, en la que el abad que la regenta había convocado una misa por los caídos de ambos bandos en la Guerra Civil española.
El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), Pablo Linares, era una de las personas presentes a la entrada del recinto y que se encontró con los miembros de la Benemérita impidiéndole el paso "cumpliendo órdenes superiores", tal y como ha relatado en conversación telefónica con Libertad Digital.
Según la narración del propio Linares, los Guardias Civiles personados en el recinto alegaron también que la propia misa no se iba a celebrar, lo que sería un hecho excepcional en los 50 años de historia del recinto; pero esto era absolutamente falso: la misa se celebró con normalidad a las 11, aunque sólo asistieron ocho personas.
Hechos denunciados
La ADVC ha denunciado este hecho como "uno más en el feroz ataque que sufre el Valle de los Caídos por parte de este gobierno" y señala que se estarían vulnerando gravemente derechos como la libertad de culto, además de ser constitutivos de un delito de coacciones.
En este sentido, la propia ADVC ha presentado una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de El Escorial, curiosamente ante alguno de los agentes que unas horas antes les impedía el paso al Valle.
Un cierre en manos de la justicia
El Valle de los Caídos lleva cerrado por Patrimonio Nacional desde el pasado 6 de abril de este mismo año, cuando esta institución procedió a prohibir el acceso al amplio recinto – de 1.365 hectáreas – por el sorprendente motivo de la restauración de la escultura de La Piedad, situada sobre la puerta de la basílica.
Este cierre ha sido recurrido por la ADVC ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un procedimiento que se acerca a sus últimas fases y que podría suponer un serio revés para Patrimonio Nacional, ya que según la asociación demandante, esta institución "no tiene competencias para abrir o cerrar el recinto (...) ni para determinar a qué hora podrán entrar los fieles a ejercer el culto religioso".