
Según cuenta La Gaceta, las investigaciones policiales han concluido que entre dos y cuatro trabajadores de la hípica de Bono trabajaban sin los permisos de trabajo en regla. De hecho, la mayoría de estos empleados eran de nacionalidad rumana. Su cometido era el mantenimiento y el cuidado de los caballos que los clientes tienen en las instalaciones.
El expediente de la investigación de la Policía se encuentra ahora en la Delegación del Gobierno en Toledo ya que los temas de extranjería son competencia suya. Pues bien, el delegado de Gobierno no es otro que Máximo Díaz-Cano del Rey, miembro del PSOE de Castilla-La Mancha y que toda su carrera política se ha desarrollado bajo el amparo de Bono.
Fue senador por designación de la Junta de Comunidades y formó parte de los ejecutivos regionales de Bono en diversos cargos, primero como director general y luego en las consejerías de Adminstraciones Públicas y como Portavoz.