LD (Pedro de Tena) Lo que cuenta este lunes El Mundo de Andalucía podría resultar escandaloso o anómalo en cualquier otra región de España si exceptuamos a Extremadura y Castilla la Mancha. No es anormal en Andalucía.
Según este diario, María José Lara González, directora general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía desde el mes de mayo, declaró el pasado 20 de noviembre en calidad de imputada ante el Juzgado e Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad cordobesa de Lucena. Supuestamente habría revelado las respuestas de un concurso-oposición a una trabajadora del Ayuntamiento lucentino, que responde a las iniciales E. G.M.. que estaba oculta en un WC de las dependencias donde se celebraban las pruebas.
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2007, cuando María José Lara aún era concejal de Turismo del equipo de gobierno municipal que preside el socialista José Luis Bergillos, razón por la cual formaba parte del tribunal calificador encargado de organizar la prueba.
En este sentido, el periódico mencionado sigue contando que "justo antes de comenzar ésta, cuatro de los opositores hicieron constar en acta que la aspirante E.G.M., oculta en los aseos del Ayuntamiento, acababa de recibir a través de su teléfono móvil las respuestas al cuestionario test del examen.
La existencia de la comunicación telefónica está confirmada, así como que ésta se mantuvo desde el teléfono de la actual directora general de Formación para el Empleo y justo en los momentos previos a la prueba, cuando María José Lara tenía que conocer necesariamente ya la práctica totalidad de las preguntas del examen.
En concreto, en las facturas entregadas por el Ayuntamiento a petición del juzgado, queda probada una llamada entre las 12.10 y las 12.15 en la mañana del 2 de octubre de 2006. Más de dos minutos. En los autos judiciales aparece que E.G.M. efectuó en ese momento y desde su teléfono móvil una llamada al celular de María José Lara, llamada que fue atendida y que tuvo una duración de unos dos minutos y medio, algo que coincide exactamente con el relato de los hechos realizado por los cuatro opositores denunciantes, que situaban la conversación telefónica justo en ese momento del mediodía.
Teniendo en cuenta todas estas pruebas e indicios, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena citó a declarar en calidad de imputada a la directora general de la Junta, al entender que podría haber incurrido en el delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal, que establece que "la autoridad [...] que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
Además, en el segundo párrafo del artículo se advierte que "si de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años".
Al parecer, la directora general de Formación para el Empleo de la Junta reconoció que en la mañana del 2 de octubre llegó a enviar un mensaje de texto al móvil de E.G.M., pero advierte que ese sms no tendría relación alguna con el examen impugnado. Por lo demás, María José Lara asegura que -qué casualidad -, se deshizo de su teléfono poco antes de las 12 del mediodía --en concreto, mantiene que se lo habría entregado a otra trabajadora del Ayuntamiento, adscrita a la delegación municipal de Presidencia- y que no lo recuperó hasta que terminó su jornada laboral, ignorando cualquier detalle respecto a las llamadas que se pudieran haber recibido o efectuado en el ínterin.
Sí certifica una cosa: que pidió a una tercera trabajadora -auxiliar del área de Presidencia- que contactara con E.G.M., porque la otra empleada municipal a la que le habría dejado en custodia su teléfono móvil tenía que contactar con esta opositora en ese momento y con carácter urgente, y ella imaginaba que E.G.M. estaría a esa hora en el Ayuntamiento.
El resultado de las oposiciones, a pesar de la denuncia formal, no fue suspendido ni puesto en entredicho por el alcalde socialista de Lucena. La plaza que se sacó a concurso era la de técnico municipal de Turismo y se da la circunstancia de que E.G.M., la beneficiada por la filtración, llevaba cinco años ocupando interinamente este puesto de trabajo, así que por antigüedad era la favorita para consolidar su plaza en el Ayuntamiento ya como funcionaria.
El método de contratar a dedo a un interino procedente del PSOE o amigo de alguien del PSOE para ocupar un puesto en vez de convocar una oposición normal y formalizar su situación posteriormente mediante oposición ad hoc o trampeada, no es la primera vez que ocurre en estos años de régimen andaluz. Es más, es uno de los artilugios utilizados desde 1979 para propiciar la penetración socialista en las Administraciones Públicas.