De ellos 175 lo fueron a lo largo de 2008 y el resto, 83, en lo que va de 2009. El equipo jurídico externo que trabaja para la Consejería considera que el 90 por ciento de los casos son penales y se refieren a agresiones, amenazas y vejaciones. La mayoría de ellos se han ganado a favor de los profesores
Cuenta El Correo de Andalucía que "la póliza que Educación tiene suscrita con sus abogados externos "garantiza el pago de las tasas, costes, minutas y honorarios a los que tenga que hacer frente el asegurado por su implicación en procedimientos judiciales civiles y/o penales siempre que se trate de actos u omisiones realizados por él o en contra de él en el ejercicio de su cargo o cumpliendo órdenes".
Pero esa medida se tomó a partir de 2006 después de un largo calvario de los docentes andaluces que, además de ser agredidos o insultados, tenían que correr con los gastos de abogados para su defensa. Pero incluso hoy es la Consejería de Educación la que decide si se presta atención jurídica o no a un profesor.
Nueve de cada diez casos son penales y "es más habitual que el profesor denuncie al alumno y a su familia que al revés", explican los abogados de la Junta. Educación ofrece cobertura legal gratuita tanto para profesores denunciantes como denunciados. El docente tiene tres opciones: aceptar la representación de uno de los abogados de la Junta; aceptar uno de los letrados de DAS, con los que Educación ha firmado un convenio, o elegir a su propio letrado dentro de unos márgenes aceptables de precio
Hasta el momento, una gran mayoría de los juicios suelen ser por faltas, no por delitos. El 60% son juicios por amenazas y vejaciones, y sólo un 12% son agresiones físicas. Cuando el padre lleva al profesor ante los tribunales alega "irresponsabilidad o alejamiento de sus deberes". Suele suceder que las familias entienden la educación de sus hijos de forma distinta que el profesor, y lo denuncian según sus criterios y no los del centro educativo. El abogado de DAS, un gabinete jurídico, concertado pone el caso de una madre que culpó al maestro de no estar vigilando a su hijo en el patio cuando éste fue golpeado por otro niño.
Normalmente, las familias dan más crédito a los críos que a sus profesores. Los juicios por faltas son rápidos y los magistrados, según DAS, fallan a favor del profesor y resuelven con multas económicas a los padres, a pagar un euro al día durante no menos de tres meses. Incluso cuando un chaval golpeó a su profesor al reconocerle en una discoteca, el juez falló a su favor, porque entendió que la agresión fue a consecuencia de su trabajo.
El 18% de los alumnos de ESO en Andalucía, víctima de la violencia en las aulas
Un 18% de alumnos de la ESO en Andalucía aseguró haber sido víctima de la violencia en las aulas, según las principales conclusiones del Estudio sobre comportamiento de riesgos (violencia, consumo de alcohol y drogas y conductas sexuales) en estudiantes de ESO en Andalucía, elaborado por el Grupo universitario de investigación social del Centro Universitario de Estudios Sociales de Jerez. Casi la mitad de ese 15% de participantes se declaró también víctima. A su vez, del 18% de las víctimas, el 37% afirmó haber participado en algún tipo de agresión. Sin embargo, un 12,6% no estuvo de acuerdo con que los conflictos generan más violencia.
Este Grupo de investigación de siete profesores que dirige el profesor Rodriguez Carrión en Jerez había realizado 2.225 consultas por las ocho provincias andaluzas a chicos de 12 a 16 años y en la presentación de su trabajo destacó lo inquietante del alto índice de violencia escolar detectado, además de ese intercambio de roles en los que una parte de los estudiantes ejerce un papel activo y pasivo a la vez.
No se trataba siquiera preferentemente de violencia física. Es más, ésta ocupaba el último en la percepción del problema que tienen estos jóvenes. Las burlas a compañeros o profesores se han convertido en la conducta que más alumnos de Secundaria identifican como una conducta violenta en su instituto, con un 71%. Esta forma de agresión, que puede suponer discriminación, motes o ignorar a la víctima se situaba por encima de las amenazas físicas o verbales y las agresiones físicas. Por tanto, mientras ese 71% tenía claro que hay violencia cuando presenciaba una burla, el índice baja al 57,1% cuando observa amenazas y al 46,3% en el caso de pegar a un compañero o a un profesor.
Cuando el Grupo de Investigación Social ha pedido a esos jóvenes las causas del problema entre varias variables predeterminadas, el 37% lo explicaba por la no integración en el grupo y un 30,9% en que las víctimas no saben defenderse. Para el 2,9% la agresión se derivaba de su orientación sexual y para el 1% de la pertenencia al sexo femenino.
Si la solución al problema de violencia que la encuesta dejaba patente dependía de las denuncias de los testigos, ese remedio quedaba lejos: sólo el 40,9% lo comunicaba frente al 44,8% que permanecía mudo ante lo que contemplaba.