LD (Pedro de Tena) Aunque la Consejería de Educación aún no ha aprobado el decreto que regula por primera vez el sector de las guarderías, lo hará en breve. Lo que se ha conocido de la norma obligará a las 670 guarderías privadas andaluzas a conveniar todas sus plazas para mantener las ayudas (ninguna plaza podrá costar por decreto de ordeno y mando más de 275 euros).

Ese precio hundirá las escuelas, según la patronal, que amaga con renunciar al convenio, privatizarse o cerrar. Se niegan a bajar los precios a cambio de ser concertadas. A esto hay que unir que no se hacen nuevas guarderías por falta de crédito y apoyos produciendo un "agujero" social de 20.000 plazas que no existen debiendo existir. Actualmente, las guarderías andaluzas sólo cubren el 20 por ciento de la demanda. Con esta medida, se da un paso más hacia el control de la economía por parte de la Junta de Andalucía a pesar de las promesas liberalizadoras de Griñán.

Según El Correo de Andalucía, en el decreto de Educación Infantil que se va a aprobar en los próximos días, las 670 guarderías de titularidad privada –más de la mitad en Andalucía– tendrán que poner el mismo precio a todas las plazas que oferten: 275 euros. Eso es lo que pagarán las familias que no reciben subvenciones de la Junta porque sus rentas están por encima de la media.

Al aceptar la norma y entrar a formar parte de la red de escuelas infantiles de la Junta, las guarderías ya no podrán tener plazas privadas y plazas conveniadas, como ocurre ahora. O se convenian todas, para que las familias puedan solicitarlas gracias a las ayudas públicas, o se privatizan todas. Las patronales del sector, como ACADE, que representa a 340 guarderías, o ACES, se han rebelado contra el nuevo decreto y anuncian que muchas escuelas tendrán que cerrar y otras optarán por privatizarse, antes que abaratar tanto las plazas.

Los problemas crecen puesto la aprobación del decreto se ha postergado debido al cambio de Gobierno. No se sabe qué decirle a los padres acerca de si seguirán teniendo plazas conveniadas o si serán 100% privadas. Educación manda un mensaje de tranquilidad: los que tuvieron una plaza conveniada este curso, la tendrán el próximo, aunque esto no viene reflejado en el decreto conocido.

Según el mismo periódico, las guarderías privadas consideran abusiva esta norma, porque les obliga a invertir mucho dinero, y a cobrar muy poco por la plaza. El nuevo reglamento impone nuevos requisitos en las instalaciones, en el personal, en el número de alumnos por aula y la división por edades, en la creación de un consejo escolar y de una planificación educativa como la de los colegios.

Todo eso supone gastar mucho dinero, alega el sector, y con los 275 euros que cobrarán por plaza "no sólo no es rentable, es inviable", explica Edith Sotelo, portavoz de ACADE. Los titulares de las escuelas están rumiando una revolución en silencio y ya planean un calendario de movilizaciones.

Sin embargo, no todas pueden "permitirse" renunciar al convenio. Muchas están ubicadas en barrios pobres, y no podrían subsistir sin subvenciones porque ninguna familia podría pagar los 275 euros íntegros por una plaza. "Casi el 50% tendrá que adaptarse, hará lo que pueda para ir tirando", dice Blas Miguel Rodríguez, de ACES.

La estrategia aplicada para multiplicar las plazas de guarderías –la oferta actual cubre menos del 20% de la demanda– pasaba por conveniar la mayoría de plazas privadas, algo que ahora no se vislumbra como una solución fácil. La segunda vía era conveniar las escuelas que hicieran las cooperativas del sector en suelo cedido por los ayuntamientos, pero esta vía también ha tropezado con piedras en el camino, debido a la dificultad de encontrar financiación para avalar la creación de escuelas y a la reticencia de los consistorios a ceder el suelo gratis.

En este mes de mayo o a lo más tardar junio, tiene que aprobarse el decreto –la nueva consejera María del Mar Moreno no tiene intención de cambiarlo a última hora–., habrá que sacar la oferta de plazas en guarderías en este estado de incertidumbre y las privadas tendrán que decidir si firman el convenio otros cuatro años más, aceptando las condiciones de Educación, o bien, renuncian a la subvención y se privatizan o cierran. Tremendo.

El problema de las nuevas guarderías andaluzas: crédito, suelo y control asfixiante de la Junta. Las plazas que ahora existen en Andalucía –más de 60.000– no llegan ni al 20% de la población infantil de 0 a 3 años. O sea, que cuatro de cada cinco niños andaluces no tienen guardería. Hasta que se equilibre la oferta y la demanda pasarán años, y durante ese tiempo Educación quiere construir sus propias guarderías, firmará convenios con empresas que quieran abrir una propia y autorizará la aperturas de escuelas 100% privadas.

Las públicas y las conveniadas se incorporarán a la red escolar en cuanto reciban el sello de homologación –este mes– y a partir de entonces Educación se hará cargo del reparto de plazas, igual que hace en Primaria, y ofertará las vacantes que queden a las familias que más lo necesiten. O sea, control de la Administra

Pero Educación tiene que habilitar 20.000 plazas más de guarderías en 3 años. Una de las vías para lograrlo fue firmar un acuerdo con FAMP y CEPES: la primera convencería a los municipios para ceder suelo, la segunda buscaría promotores para hacer escuelas y la Junta las conveniaría. Pero los bancos no dan avales y algunos consistorios prefieren negociar un canon por el suelo a darlo gratis.

Educación reconoce que la coyuntura económica está perjudicando la planificación que habían hecho para alcanzar las 100.000 plazas en 2012. Al margen del convenio, la propia consejería construirá sus propias escuelas infantiles 100% públicas. Para eso ha creado un mapa de necesidades señalando dónde hay más urgencia. Las localidades superiores a 50.000 habitantes son prioritarias ahora.

El problema es que en las ciudades, sobre todo, también nos está costando encontrar solares libres donde construir, explican fuentes de la consejería. Pero, por el momento, ninguna ha cristalizado, porque Innoves no ha encontrado aún un banco que avale la construcción de guarderías, y porque, además, algunos ayuntamientos prefieren negociar con empresas privadas para ganar un canon por la cesión del suelo en su municipio antes que dárselo gratis a una cooperativa, según denunció el director general de Innove, José Carlos Rodrigo.