Amnistía Internacional publicó en diciembre un extenso informe sobre los centros de menores en tres CCAA españolas, entre ellas, Andalucía. En ese informe aparecían reflejados una serie de casos de malos tratos a menores, alguno de ellos en el centro de menores de Benalup de Sidonia(Cádiz), gestionado por la ONG denominada Fundación Márgenes y Vínculos, con la colaboración de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Es a esta ONG-Fundación a la que la Junta ha subvencionado con 835.649 euros, nada menos que casi 140 millones de pesetas.

El Defensor del Pueblo reaccionó Andaluz ante la denuncia de Amnistía denunciando a su vez que su informe está lleno de exageraciones e inexactitudes. Luego se supo que esa Fundación que dirige el Centro de Benalup fue impulsada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y que está dirigida por uno de sus amigos.

La denuncia de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI)  realizó un informe con entrevistas a más de 59 personas, niños entre ellos, de Cataluña, Madrid y Andalucía que sufrieron supuestamente desde vejaciones a castigos físicos y medicaciones forzosas en este tipo de residencias. Amnistía Internacional denunció  además la imposibilidad de investigar a fondo y extensamente a causa de los obstáculos interpuestos por la Junta y concluyó que los centros de menores andaluces, junto a los madrileños y los catalanes, dejan mucho que desear y se hunden en prácticas incluso de torturas.

En el caso concreto del centro de menores de Benalup de Sidonia, se trataba de un menor  de 15 años internado en el mismo. El menor fue ingresado en el centro de protección terapéutico de Benalup en Cádiz en 2008 para ser tratado de supuestos problemas de conducta. Su ingresó se realizó sobre la base del siguiente diagnóstico: “rabietas ante frustraciones, en estas ocasiones chilla, tira objetos y amenaza con matarse, todo ello con gran intensidad emocional”.

Por falta de camas, contó a Amnistía Internacional, que los primeros 15 días durmió en una celda de aislamiento de dos metros por un metro, allí también recibía la comida. “El día del ingreso me realizaron un registro que incluía, un registro anal por parte de un educador, nunca antes me habían hecho eso. En el centro los botes de medicamentos se apilaban en la cocina y algunas veces te los echaban directamente a la comida. En ocasiones, después de beberme el cola cao, no podía ni levantarme de la silla”.

A los tres meses de su ingreso, el menor huyó, era el día de Navidad. Escribió una carta con comentarios suicidas a su madre en la que señalaba “si vuelvo, ¡me mato!” donde relataba haber sido sometido a aislamiento, constantes humillaciones, abusos y vejaciones. Esteban (nombre ficticio), el padre, no pudo visitar a su hijo en el centro durante estos meses y le denegaron información sobre su estado y evolución. Sólo la madre, de quien estaba separado, podía realizar las visitas. El abogado del padre afirma que no ha conseguido información de la administración sobre el reglamento de los centros durante todo el proceso judicial iniciado, que tampoco pudo visitar al menor en el centro, ni mantener una correspondencia privada con él. Actualmente, el menor vive con su padre, está sano, escolarizado de nuevo y no toma medicación.

Este hecho fue puesto en conocimiento de la Consejería de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de Andalucía mediante diversos escritos del abogado del padre del menor. En la única visita permitida a Amnistía Internacional por la Administración andaluza el director de la fundación y el equipo técnico (médico, psicóloga y directora) negaron la imposición de castigos y el uso de celdas de aislamiento.

Durante la visita, en la que los investigadores de la organización fueron acompañados por funcionarios y distaron mucho de ser independientes, se comprobó que algunas de las habitaciones estaban bajo llave y no fueron mostradas, aduciendo que no tenían las llaves disponibles. Sin embargo, los testimonios de dos menores tomados por Amnistía Internacional ese mismo día en el centro, y durante las entrevistas realizadas a menores y familiares que pasaron por el centro durante el año 2008, se corroboró la existencia de celdas de castigo y aislamiento y la aplicación rutinaria de esta técnica.

En la reunión mantenida entre Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo de Andalucía se le indicó a la organización que, en abril del año 2005, éste último visitó este centro como parte del seguimiento a una queja presentada por una menor sobre los castigos y la utilización de la celda de aislamiento. El Defensor formuló varias recomendaciones a la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía para la eliminación de las celdas de aislamiento del centro. Las recomendaciones fueron aceptadas por esa instancia en su integridad. Sin embargo, cuatro años después, según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, las recomendaciones realizadas continuaban sin cumplirse.

En diciembre de este año, el Defensor del Pueblo Andaluz negó las irregularidades y malos tratos y consideró exageraciones las denuncias de AI, pero dado que la Fundación Márgenes y Vínculos que dirige el Centro de Benalup fue impulsada por José Chamizo, tal vez sería necesaria una investigación independiente.

Esta es la página del BOJA de la concesión: