LD (Javier Lozano) Ante la inminente aprobación de la polémica Ley de Educación de Cataluña, que terminará por eliminar casi por completo el castellano de la escuela, el popular Rafael López confirmó a Libertad Digital que votarán en contra sobre todo por "motivos lingüísticos" ante lo que consideran un recorte de los derechos lingüísticos y de la libertad de los ciudadanos.

En este sentido, calificó la ley de "plenamente nacionalista" y criticó la actitud del PSC, una de las formaciones que aprobará la normativa. "Es una pena que los socialistas catalanes no sean como los vascos" a la hora de defender la libertad lingüística. A juicio del diputado catalán, la futura ley "no despliega la LOE como otras comunidades" sino que se basa en el estatuto catalán.

De hecho, Rafael López llegó a asegurar que la normativa "ilegaliza las clases en castellano". Explicó las contradicciones de una ley que siempre acaba perjudicando al mismo, en este caso al castellano. Por ello, dijo que el artículo 11.1 establece que la lengua vehicular será el catalán. Sin embargo, posteriormente se dice que de manera excepcional se puede permitir el uso de lenguas extranjeras como el inglés para impartir asignaturas como matemáticas. Pero esto excluye el castellano. Es decir, se debe utilizar el catalán y si acaso otras lenguas, pero nunca el castellano.

El popular cree que la "obsesión" de los redactores de la ley es evitar por todos los medios que entre en los colegios la tercera hora del castellano. "Con todo el fracaso escolar, los problemas en el profesorado y la falta de excelencia educativa todo esto lo vemos enfermizo", sentenció.

El parlamentario catalán dijo que aunque que la Ley de Política Lingüística era muy nacionalista "al menos daba una oportunidad teórica" de poder reclamar la enseñanza en castellano. Pero con la nueva normativa "este derecho ha quedado reducido a un derecho individualizado" y sólo durante el primer año de enseñanza.

Esta "enseñanza individualizada" se traduce en que al niño, con 5 o 6 años, le explican en cinco minutos después de la clase lo que se ha impartido en una hora a la clase entera, "con lo que esto significa para los niños", subrayó López.

Tras considerar "absurda" esta situación, el diputado popular añadió que "no existirá el derecho a estudiar en castellano sino sólo una traducción". "El problema de la elección de la lengua no es si se entiende el catalán o no sino que es una cuestión de libertad", subrayó.

"Ahora tratan a los niños como extranjeros", afirmó López, que dijo que la "sospecha" del PP de Cataluña es que cuando los niños lleguen a primero de Primaria procedentes de familias castellano hablantes de Cataluña o de otras regiones es "ponerlos en un aula de acogida", separados del resto. Y es que en la nueva ley sólo se plantea que puedan recibir clases en castellano en el primer curso de parvulario y siempre de forma individualizada.

La ley previsiblemente se aprobará a finales de junio o principios de julio para poder poner en práctica las nuevas medidas para el siguiente curso. "No tenemos claro que la ley pueda cortar el paso al Real Decreto", aseguró Rafael López, que añadió que los nacionalistas entienden que un Real Decreto sólo se puede paralizar con una ley autonómica. Pero el estos decretos sólo explican la normativa estatal a cumplir.

Además, anunció a LD que su formación está "analizando la ley" por si encontramos motivos para llevarla al Consejo Consultivo de Cataluña por si tiene artículos que puedan considerarse anticonstitucional, antiestatutario o por si tiene algún punto que aunque esté permitido por el estatuto "nosotros consideremos anticonstitucionales".

De hecho, José Montilla ha preferido pactar los puntos fuertes de la nueva ley con CIU, en especial con Artur Mas, antes de mantener la siempre frágil estabilidad del tripartito. En este caso ha sido el socio minoritario, ICV, el que ha quedado fuera del acuerdo.

Los aspectos más polémicos de la normativa, los referentes a la lengua, se ordenarán a través de decretos según la interpretación del Ejecutivo catalán, lo que deja abierta la posibilidad a que los nacionalistas cambien a su antojo los aspectos claves.