Lanzarote recuerda que el conflicto "se cerró el 22 de julio de 2002 con el acuerdo unánime del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, que zanjó la cuestión estimando no procedente la salida de documentos y abogando por la necesidad de preservar la unidad del Archivo". Por ello sostiene que el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo ha reabierto por su pública sensibilidad hacia el tripartito catalán, con el que rubricó el 14 de diciembre de 2003 el retorno de la documentación depositada en el Archivo de Salamanca, acuerdo que ha creado este contencioso del que eres directamente responsable".
"Un gran centro de fotocopias"
"No estamos ante una solución justa sino ante un dislate sin precedentes, ni tampoco se potenciará un Archivo que en apenas unos días ya no existirá y cuya dignidad no será en ningún caso restituida por un gran centro de fotocopias, que es en lo que tu Gobierno está dispuesto a convertirlo, con el inexplicable apoyo de un castellanoleonés como tú", le dice Lanzarote a Rodríguez Zapatero, al que le ha remitido también el informe de la Real Academia de la Historia y un ejemplar del libro "Razones de Archivo".
En su texto, el alcalde señala que la documentación "no se devolverá a sus legítimos dueños porque, como es sabido, el único dueño de los fondos es el Estado pues forman parte del Patrimonio Histórico Español". "Ratifico que su devolución supondrá la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil", escribe Lanzarote, que asegura que el Centro "muy pronto perderá todo su valor e importancia y dejará de ser un centro de referencia para estudiar y entender un conflicto del que los españoles deberíamos aprender para no abrir antiguas heridas y resucitar odios estériles".
Por otro lado, en la carta Lanzarote recuerda que la Real Academia de la Historia advirtió públicamente que el expolio abrirá una vía de impredecibles consecuencias, y que tanto la Asociación Nacional de Archiveros como los archiveros de Castilla y León alertaron que supondrá la total desmembración del fondo documental. Asimismo, el alcalde transmite a Rodríguez Zapatero que el propio director del Archivo General de la Guerra Civil, Miguel Ángel Jaramillo, alertó, "antes de ser públicamente silenciado", que "era el principio del fin y que la decisión era política, sólo política".
Lanzarote argumenta que la Ley que legitima el expolio es "arbitraria e injusta, respondiendo al interés concreto y particular de satisfacer el cumplimiento de un pacto político del Gobierno socialista", asegurando que "no se basa en ningún informe técnico y carece de base científica, ya que no se ha consultado a la Junta Superior de Archivos, ha desoído el informe de la Real Academia de la Historia, y contradice abiertamente la doctrina del informe preparado para la UNESCO por el Consejo Internacional de Archivos sobre los archivos de los Servicios de Seguridad de los desaparecidos regímenes represivos".
Finalmente, Lanzarote, que recuerda que tampoco se escuchó el informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Patronato, que "en ningún caso planteaba la devolución de documentos a personas físicas o jurídicas de carácter privado", reiteró que la salida inmediata de 2.500 cajas de documentos y de otras 8.000 a medio plazo, "supondrá la desaparición del Archivo".