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L D (Agencias) Todas las asociaciones de jueces, sea cual sea su adscripción ideológica, en criticar el esperpento del juez Baltasar Garzón. No sólo por el absurdo de remover Roma con Santiago para declarar muerto a Franco, sino por endosar la situación que él ha creado a sus colegas de los juzgados.
"Para declarar que no existe responsabilidad penal porque los autores de los supuestos hechos a investigar están fallecidos no hacían falta 152 folios", señaló a Europa Press el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien criticó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tenga "la pretensión de sentar doctrina" a sus compañeros de los juzgados territoriales a los que ha trasladado la investigación cuando "no es su superior jerárquico".
El portavoz de la APM señaló que la inhibición del magistrado a favor de los juzgados de las provincias en las que se han localizado fosas comunes "corrobora con una demora innecesaria que la Audiencia Nacional no ostenta competencias para investigar delitos relativos a unos hechos que desde el punto de vista judicial tenían una apariencia extremadamente dudosa".
En términos similares se expresó el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, quien señaló a Europa Press que, "si la conclusión es que los presuntos responsables de esos hechos están fallecidos, quizá no debería haberse seguido ese camino". "Para esto, tampoco hacían falta todas estas alforjas", apuntó.
Por su parte, Lorenzo del Río, representante de la asociación Francisco de Vitoria, afirmó a Europa Press que la decisión de Garzón "se veía venir" porque "no se puede imputar a personas que no están vivas como posibles autores de un delito". "La vía penal daba muchísimos problemas y se han cumplido las previsiones", indicó.
Los portavoces de la APM y JpD también coincidieron en que la decisión adoptada ahora por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa. "Hay personas que pueden sentirse defraudadas al comprobar que el derecho no siempre lo puede todo", dijo García.
En relación con el traslado de la causa, Jimeno respaldó que los juzgados provinciales en los que se han localizado fosas comunes autoricen las exhumaciones de cadáveres pero consideró "muy difícil" que todos actúen "de forma coordinada" y se hagan cargo del resto de aspectos de la investigación. En este sentido, consideró que la actual es "una situación de 'impasse'" que, a su juicio, debería resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".
