(Libertad Digital) De un pueblecito de pescadores a la "Operación Malaya" median varias décadas de un desarrollo urbanístico marcado por un intervencionismo inmobiliario que favorece la corrupción, porque deja en manos de los funcionarios locales un amplio margen para decidir qué se puede hacer o dejar de hacer. Cuando de una de esas decisiones marca la diferencia entre una operación con extraordinarios beneficios y la ruina, el incentivo para que el funcionario tome la decisión "correcta" por un módico precio es enorme. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla , no lo ve así, y achaca los casos de corrupción a la lentitud de la Justicia, no al hecho de que los Ayuntamientos tengan una notable discreccionalidad en materia urbanística.
El 2 de abril, el juzgado número 5 de Marbella ordena prisión incondicional contra la alcaldesa Marisol Yagüe, por delitos de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas. También recibieron orden de prisión incondicional Juan Antonio Roca, y el empresario Ismael Pérez Peña, encargado del alquiler del parque móvil del Ayuntamiento, así como el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez. Se hacía cargo del consistorio Tomás Reñones, que se negó a dimitir "aunque me lo pide el cuerpo" por no dejar un "vacío de poder". Poco después se sumaría la Teniente de Alcalde Isabel García Marcos a la lista de los enviados a prisión incondicional, en su caso bajo cargos de cohecho y alteración de precios en concurso y subasta pública, así como fraude e infracciones ilegales.
La Operación Malaya surge a partir de unas escuchas telefónicas relacionadas con el caso "Ballena Blanca", la mayor actuación policial contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarrollada en España, y durante la cual se detuvo al abogado Fernando Del Valle. Las pesquisas de la policía le llevaron al despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en donde los policías encontraron 860.000 euros en metálico y una gran cantidad de divisas, que según las primeras estimaciones cifran el dinero en cash en el despacho en los 3,5 millones de euros.
Roca, el hombre clave
Juan Antonio Roca es el presunto hombre fuerte de la trama de corrupción del ayuntamiento marbellí. Una especie de alcalde en la sombra, con la autoridad de dar órdenes directas a concejales y funcionarios. Roca, con un sueldo de asesor de Urbanismo de 200.000 euros, logró llevar un tren de vida espectacular, por lo caro y por lo hortera. El juez ha demostrado en la instrucción que es imposible justificar con ese sueldo su patrimonio. Según las pesquisas llevadas a cabo por el juez, es el responsable de una organización dedicada al blanqueo de beneficios ilícitos obtenidos durante años en Marbella "para mantener oculto su patrimonio, que alcanza miles de millones de euros" y que no podría construirse ni con su abultado sueldo. De lo investigado hasta ahora, se desprende que Roca utilizaba más de 120 sociedades instrumentales a través del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor de Madrid para administrar el patrimonio.
Lo ocurrido en Marbella no podría entenderse si no se recuerda que el enfrentamiento de Julián Muñoz con Juan Antonio Roca se resolvió con la expulsión de éste por el entonces alcalde, el uno de agosto de 2003. Solo pasaron unas horas antes de que parte de los concejales del GIL llegaran a un acuerdo con socialistas y andalucistas para echar a Julián Muñoz, permitiendo la continuidad de Roca y de su trama de corrupción. La moción de censura llegaría solo doce días después.
Controlar el Ayuntamiento hasta las elecciones
El PSOE andaluz ha rechazado en varias ocasiones pedir al Gobierno que disuelva el Ayuntamiento marbellí, la última de ellas tres meses antes de la espectacular Operación Malaya. Entonces votó en contra de una proposición no de Ley del Partido Popular, apoyada por Izquierda Unida y Partido Andalucista. El Fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, declararía una vez hubo saltado el escándalo que la corrupción en Marbella era "vox populi", y estaba debida a un "deficiente control administrativo y judicial". Mariano Rajoy ha pedido elecciones en el consistorio, y ha defendido a la candidata popular, Ángeles Muñoz, "la única que no está imputada o en la cárcel".
El martes, 4 de abril, el Gobierno comenzaba los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Marbella, el primero sobre el que recae esta facultad del Gobierno desde que se aprobó la Constitución. Pero no aprobó la celebración de nuevas elecciones, como solicitaba el PP, por los plazos que fija la Ley Electoral. Por ese motivo, los populares pedirían más tarde un cambio en la legislación electoral para casos como este. Al día siguiente, el Senado aprobó por unanimidad la disolución del Consistorio. El Gobierno aprobó finalmente la disolución del Ayuntamiento por las "gravísimas imputaciones judiciales" contra parte de sus miembros.
Para elegir la comisión gestora que se encargaría del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007, el Gobierno eligió a Salvador Pendón, implicado en un presunto delito electoral por enviar SMS contra el PP el 13-M. Pendón dijo que fue "un calentón", y el asunto quedó archivado. La Gestora estará presidida por un socialista, y estará compuesta por seis cargos de dicho partido, seis del Partido Popular, dos de IU y dos del PA.
GIL, instrumento contra el PP
Jesús Gil fue un hombre hecho a sí mismo, aunque para llegar donde lo hizo no siempre siguió un camino intachable. Creó un partido, el GIL, que era más una partida de fieles hecha a su medida. Instalado en el poder en Marbella, se tomó el Plan General de Urbanismo a beneficio de inventario. Pese a su carácter de "outsider", el Grupo Prisa le ha dado cancha y protección, en plena época de corrupción, quizás por un doble motivo. Por un lado, porque como presidente del Atlético de Madrid tenía la llave de los derechos de emisión de sus partidos. Pero por otro, lo que es más relevante, porque serviría de cuña para robarle votos al Partido Popular.
El PSOE ha estado siempre atento para dar pábulo y apoyar cualquier partido que pudiera ocupar una parte del electorado del partido de centro derecha. El PP ha logrado aglutinar bajo unas solas siglas al amplio espectro desde el centro a la derecha en España. Es el partido con más militantes de nuestro país y aunque no está exento de corrientes y fuertes movimientos internos, ha conseguido una unidad en el mensaje que envidiarían otros partidos. Esa fuerza se quebraría si se lograra crear un partido que lograra ocupar aunque fuera una parte pequeña pero significativa de su electorado, en torno a medio millón o más de votantes.
Los protagonistas de la trama
Marisol Yagüe. Alcaldesa de Marbella desde el 13 de agosto de 2003, cuando sustituyó al último alcalde del GIL, Julián Muñoz, sumando a sus cinco concejales socialistas (dos de ellos se retirarían más tarde) los tres del Partido Andalucista más unos tránsfugas del GIL. El cambio en el consistorio no fue total, ya que se llevó como asesor de Urbanismo al cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Más tarde, para eludir su responsabilidad, diría que ella es una "marioneta" en manos de Roca. Está imputada en el caso "Copasur", en el que un constructor le reclama casi un millón de euros por las obras que ha realizado en su vivienda.
Isabel García Marcos. Primera Teniente de Alcalde. Acusada de malversación de fondos públicos en unas obras de reforma de su casa. Fue detenida por la policía el día en que volvía a España de su luna de miel. Estuvo entre los concejales del PSOE que fueron expulsados por unirse a los tránsfugas del GIL para echar del Ayuntamiento a Julián Muñoz. Nacida en Salamanca y licenciada en Medicina. Se le abrió un expediente, al haber detectado que cobraba del centro hospitalario al mismo tiempo que se dedicaba en exclusiva a las responsabilidades del Ayuntamiento de Marbella. Se casó el 18 de marzo por lo civil, en una boda oficiada por la alcaldesa de Marbella. Fue enviada a prisión a la vuelta de su luna de miel.
Juan Antonio Roca. Antiguo concejal de Urbanismo y asesor de esta concejalía. Detenido como presunto autor de delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales. Actuaba como verdadero alcalde, dando órdenes a funcionarios y concejales. Según apuntan las primeras pesquisas, es el verdadero muñidor de la trama de corrupción, montada en la época del GIL y adoptada por la nueva alcaldesa, Marisol Yagüe.
Victoriano Rodríguez. Concejal de Tráfico. En prisión incondicional.
Leopoldo Barrantes. Secretario del Ayuntamiento.