El alcalde de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), Segundo Benítez (PSOE) lleva emitiendo sin papeles (y sin pluralismo alguno) en su televisión local desde febrero de 2008 y el Consejo Audiovisual de la Junta de Andalucía ha resuelto el pasado 24 de noviembre, dos años después, admitir a trámite las quejas de los ciudadanos, y abrir sin concretar un expediente a Onda Castilblanco para investigar su situación.
Sin embargo, sí que multó con 5.500 euros a la TV de Tomares (cadena que, tras emitir ilegalmente mientras gobernó el PSOE en el pueblo, cesó su emisión el año pasado con la implantación de la TDT al no lograr una licencia de emisión) por "falta de pluralismo político". Los consejeros de PP y PA en el Consejo Audiovisual votaron contra la sanción que calificaron de "castigo", y criticaron el "afán sancionador del PSOE en el Consejo".
Son varios los colectivos que han denunciado ante el Consejo Audiovisual Andaluz las irregularidades de Onda Castilblanco TV en los últimos meses. Se trata de la cadena de televisión del equipo de Gobierno de Castilblanco que emite en el término municipal sin ningún tipo de permiso o licencia administrativa en la TDT desde el pasado Domingo de Resurrección, cuando su señal pasó de la emisión analógica a la digital, el mismo caso de Tomares.
Pero más allá de emitir al margen de la legalidad, esta televisión ha sido denunciada por ciudadanos a título personal y por varios colectivos locales, por carecer de unos estatutos que la regulen (desde los que se trate, al menos sobre el papel, de garantizar un mínimo de objetividad o equidad en los contenidos que se difunden) y por su uso como herramienta política, obviando las actividades de amplios espectros de la sociedad local.
Sin embargo el Consejo Audiovisual andaluz no contempla decisiones urgentes en este caso que, vaya coincidencia, afecta al partido del presidente del Consejo y al de la mayoría socialista que lo dirige.
Así, por ejemplo la Asociación de Mujeres Digo y Hago que forman más de 200 socias, junto a algunas asociaciones de vecinos de las urbanizaciones de Las Minas y de la urbanización Sierra Norte, y por descontado el partido político de la oposición en el Ayuntamiento, Nueva Izquierda (NIVA), denuncian que se está viendo vulnerado su derecho de acceso y visibilidad en este medio de comunicación financiado por las arcas municipales. Y alertan de que sea precisamente una administración pública la que esté vulnerando la ley con la emisión durante un periodo de más de tres años al margen de la legalidad vigente, primero en formato analógico y actualmente en la TDT.
Aunque lo reconoce el propio ayuntamiento gobernado por el PSOE, el Consejo Audiovisual no actúa
Paradójicamente es el propio Ayuntamiento de Castilblanco el que reconoce las irregularidades públicamente, y se jacta de la emisión de Onda Castilblanco en sus boletines. En un artículo del mes de mayo de Sevilla Actualidad, se denunciaba que el Ayuntamiento de Castilblanco, extraña simbiosis del PSOE y un PP en minoría, reconocía que la televisión municipal Onda Castilblanco TV carecía de concesión o licencia administrativa y justificaba las emisiones en el derecho a la información de los ciudadanos. La oposición tacha la actitud municipal de "burla a la legalidad".
En una hojilla repartida a los vecinos, el equipo de Gobierno (PSOE-PP) ponía de manifiesto las irregularidades de la televisión municipal Onda Castilblanco TV que emitía desde 2008 en analógico (cuando teóricamente las cadenas locales no podían emitir ya en esta tecnología) y, tras el apagón analógico, pasó al canal 39 de la TDT.
La cadena carece de concesión o licencia para su emisión en TDT pero indican que mantienen "contactos" con la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. "El alcalde, Segundo Benítez, ha enviado a la Junta de Andalucía los informes oportunos y se compromete a trabajar con la Administración para la búsqueda de soluciones" afirman, al tiempo que critican la situación de los pueblos de la Sierra Norte de Sevilla "al no haber sido incluidos en ninguna demarcación".
Los concejales de Nueva Izquierda Verde Andaluza (NIVA) cargaron duramente contra la emisión ilegal de la televisión municipal. "Lo que necesita la televisión no son 'contactos' sino una autorización", por lo que se preguntan si en adelante para obrar una vivienda en Castilblanco bastará con pasarse por el Ayuntamiento en lugar de pedir la necesaria licencia municipal.
"Los ayuntamientos son los primeros que deben defender y velar por la legalidad en lugar de burlarla como hace este alcalde con la televisión" añade NIVA, que defiende una televisión "legal, democrática, transparente y plural" frente a la que consideran "además de ilegal, sectaria, parcial, partidista, arbitraria y con el único objetivo de hacer proselitismo del alcalde y del equipo de Gobierno".
El PSOE de Castilblanco, desde su blog oficial, se ha mofado del ex alcalde, Manuel Ruiz Lucas, y de las críticas a la televisión municipal afirmando: "Si en algo ha habido unanimidad en nuestro pueblo sin duda ha sido en los aplausos a los que de forma casi voluntarista han puesto en marcha una televisión independiente, con muy escasos medios pero que se ha puesto como meta realzar las ‘cosas’ de nuestra gente, sus raíces, sus tradiciones, su cultura...".
El caso de la Televisión de Tomares, gobernado por el PP
La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE desde hace casi 30 años, nunca ha sido neutral con los Ayuntamientos que deberían ser iguales ante la ley en oportunidades, recursos y tratamiento. Los ayuntamientos gobernados por el PSOE son mucho más iguales que los gobernados por el PP, especialmente, y en algunos casos, que los gobernados incluso por Izquierda Unida. El maltrato y la desigualdad fueron tales en el caso del Ayuntamiento de Tomares, cuyo alcalde es José Luis Sanz, presidente provincial del PP de Sevilla, que tuvo que presentar una queja formal ante el Defensor de Pueblo de Andalucía.
En este caso, el afán persecutorio fue tal que, además de recibir la negativa de la Junta de concederle la ampliación de la demandada prolongación de la línea 2 del Metro de Sevilla que margina al que es reconocido como el municipio corazón del Aljarafe y a una población enorme de la zona y a una licencia de TDT para disponer de una televisión local, el Consejo Audiovisual Andaluz, dominado por el PSOE, notificó a la televisión local una supuesta vulneración del pluralismo en sus informativos, aun cuando la televisión de Tomares ya no emitía.