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LLAMA EL CABALLO DE TROYA Y EL PP LE ABRE, por Víctor Gago

La iniciativa de PSOE e IU para que se conceda el derecho a voto a los extranjeros no comunitarios antes de las Municipales y Autonómicas de 2007 ilustra sobre cómo la izquierda vampiriza electoralmente las políticas públicas de la derecha. De la medida se beneficiarán aproximadamente dos millones de extranjeros que han llegado atraídos por un largo ciclo de crecimiento que las políticas relativamente liberalizadoras de los Gobiernos del PP impulsaron a partir de 1996. La derecha actuó con pragmatismo, favoreciendo que la mano de obra inmigrante contribuyese al despegue económico de nuestro país, a sanear una Seguridad Social que el PSOE había dejado al borde de la quiebra y a equilibrar la contabilidad nacional. Pero quien se dispone, en principio, a recoger los frutos electorales de esa política es el PSOE y no el PP.

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L D (Víctor Gago) El primer sondeo conocido sobre intención de voto de los extranjeros residentes en España data de enero de 2006 y lo realizó la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (AEDEMO). Según este panel, el 40,4% votaría al PSOE, el 15,4% lo haría al PP, el 1,1%, a IU, y un 35,4 no tiene aún definido su voto. También indica que Rajoy es menos valorado incluso que Llamazares entre los extranjeros residentes en España, mientras que Zapatero es el único líder que aprueba. La puntuación de Zapatero se eleva al 7,8 entre los marroquíes, que es la primera comunidad extraeuropea en número de residentes en España, con más de 500.000 nacionales de ese país viviendo legalmente en nuestras ciudades y pueblos. El presidente del PP sólo consigue un poco de simpatía entre los iberoamericanos, que lo puntúan con una exigua nota de 4,86, siempre por detrás de Zapatero.
 
De modo que ha sido el PP el que atrajo una inmigración legal sin duda productiva para el ciclo de prosperidad y bienestar del país, pero es el PSOE el que atrae su confianza y sus votos. Ha ocurrido algo parecido con el rendimiento electoral de la política-antiterrorista: fue la política de firmeza de los Gobiernos del PP la que puso contra las cuerdas a ETA y comprometió a España en la guerra global contra el terror, pero ha sido el PSOE el que se benefició electoralmente de ella, utilizándola demagógicamente entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 y traicionando el Pacto anti-terrorista para negociar con ETA.
 
El PP no ha definido una posición clara y coherente sobre los derechos políticos de los inmigrantes legales. Vuelve a llegar tarde, con el paso cambiado y en situación de desventaja, como ya ocurriera con ocasión del debate sobre el llamado "matrimonio homosexual". En su primera respuesta, Rajoy intenta contentar a todos: ha recordado este miércoles que el PP ya propuso la extensión del derecho de sufragio en la Convención nacional celebrada en marzo de este año, pero también ha matizado que sólo apoyarán la extensión de derechos políticos a los extranjeros de países con los que exista un tratado de reciprocidad por el que se permita votar a los españoles residentes en esos países.
 
El PP desenfoca el problema, al poner el acento en la condición de reciprocidad: ¿qué más da que los españoles residentes en Marruecos puedan votar? Su influencia será irrelevante, mientras que la de los marroquíes residentes en España puede decantar la correlación de fuerzas en ayuntamientos españoles en la que la mayoría pende de unos pocos cientos o miles de papeletas. Y, según los sondeos, lo hará siempre en contra del cálculo electoral del PP. En algunos municipios de la región de Murcia, los marroquíes ya superan incluso a la población nativa.
 
El PP lo tenía relativamente fácil para refutar los argumentos en los que descansa la iniciativa de IU y PSOE, pero ha optado desde el principio por sumarse a la corriente de lo políticamente correcto, como ya ocurrió en abril, en el Congreso, cuando el Grupo Popular respaldó una moción del Grupo Comunista en la que se pedía el derecho a voto para todos los extranjeros residentes en España. Ahora vuelven para rematar la reforma, de la mano del PSOE y del presidente del Gobierno, que, según su periódico portavoz, El País, ha dado el visto bueno a la iniciativa.
 
Utilizan el argumento de una democracia censitaria, basada en el principio de que "quien paga impuestos, tiene derecho al voto". Los derechos y obligaciones de ciudadanía reducidos a la condición de contribuyente exponen un flanco insostenible, que la oposición del PP no ha sabido o no ha querido formular. La motivación de la iniciativa implica que la condición de ciudadano es una contraprestación que puede comprarse y que depende de los ingresos del beneficiario, como los servicios sanitarios o educativos que pagamos con nuestros impuestos. Implica que los españoles nativos no son soberanos por compartir una historia, una lengua y unas tradiciones, sino por haber comprado mediante impuestos el derecho a decidir. Implica que quien no paga impuestos no decide.
 
¿Qué ocurrirá con los extranjeros que, ante un cambio de ciclo económico, empezarán a recibir prestaciones del estado del Bienestar como la renta básica postulada ahora por el PSOE, un subsidio, una operación clínica, una pensión, una vivienda protegida o un puesto escolar para sus hijos, sin contribuir al sostenimiento del sistema? ¿También podrán seguir votando o se les suspenderá de ese derecho hasta que vuelvan a pagar impuestos? ¿Se aplicará la suspensión a los españoles nativos que, en las mismas circunstancias, no contribuyan? Los impuestos no compran soberanía, por la sencilla razón de que se obtienen coactivamente. Es difícil imaginar un acto más radicalmente incompatible con el concepto de soberanía que pagar impuestos. Es la soberanía nacional la que permite al Estado, mediante un pacto político forjado por la historia, la lengua y las tradiciones, ejercer el monopolio de la violencia para, entre otras cosas, recaudar impuestos. La soberanía es anterior a la coacción, y no se adquiere mediante la aceptación de ésta, sino que es el Estado el que obtiene su derecho a coaccionar mediante un pacto con los ciudadanos soberanos .
 
Rajoy apoyó el derecho a voto de los extranjeros en la Convención nacional de su partido, como también lo hizo la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, el 15 de marzo de 2006, al presentar el plan de integración de los inmigrantes que residen en la Comunidad Autónoma, dotado con más de 4.000 millones de euros de fondos públicos. Es decir: el PP favorece la integración y los derechos políticos, pero quien recogerá las nueces serán sus adversarios, fundamentalmente el PSOE.
 
Algunos institutos, como el GEES, han cuestionado que el voto de los extranjeros se dirija a los partidos de izquierda. En un ensayo para este gabinete de estudios, Pedro Fernández Barbadillo basa su escepticismo en el comportamiento de los extranjeros iberoamericanos residentes en España, cuando son llamados a votar en las consultas de sus respectivos países. Así, por ejemplo, los datos indican que la mayoría de los colombianos residentes en España respaldó a Álvaro Uribe, o que la mayoría de los venezolanos en España apoyó la revocación de Hugo Rafael Chávez Frías en el reciente referéndum celebrado en ese país. Son indicios de que el voto de la inmigración estaría, como mínimo, disputado entre PSOE y PP, como también lo es, a juicio de esta línea de prospección, el precedente de Francia, donde la política de extensión de derechos practicada por la izquierda se ha vuelto contra ésta en los barrios y municipios que han sido su feudo histórico.
 
Unido a este efecto inesperado, está el que tuvo la estrategia del PS de Mitterrand al fomentar el crecimiento de una opción electoral de extrema derecha para dividir el voto del centro-derecha. El resultado de esa estrategia ha sido que Le Pen quitó votos a la izquieda, hasta el punto de que en las últimas elecciones presidenciales superó incluso al candidato socialista Lionel Jospin.
 
No está claro que el comportamiento electoral de los extranjeros iberoamericanos residentes en España y el fracaso de la política de integración de los inmigrantes aplicado por la izquierda francesa sirvan de alentador indicio al cálculo electoral del PP español. Vincular integración a derechos políticos es, como mínimo, incierto. En el Reino Unido, por ejemplo, la extensión de derechos no ha dado lugar a una mayor integración, sino a que surja una generación de yihadistas británicos, plenamente integrados para intentar destruir la forma de vida que acogió a sus padres. Algo parecido ha sucedido en Francia, con los disturbios de noviembre en barrios con una significativa población de origen africano. Por otra parte, el voto a Uribe o contra Chávez de los residentes iberoamericanos en España no parece suficientemente indicativo de la tendencia que podría tener el voto de esa población en unas elecciones locales en España. La identificación de Uribe y PP no es del todo correcta, más allá de que la derecha española comparta determinadas políticas con el líder socialdemócrata colombiano. No se olvide, por ejemplo, que Uribe ha sido uno de los mandatarios americanos que ha dirigido deseos de una pronta recuperación a Fidel Castro, por poner sólo un ejemplo.
 
El principal desafío que la iniciativa del PSOE e IU entraña para el PP es que van a poder votar unos dos millones de extranjeros que han llegado atraídos por la eficacia de las políticas populares, pero lo harán, según los primeros indicios, en contra del PP. Mientras el ciclo económico sea de crecimiento, el PP podrá presumir de crear condiciones de libertad y de empleo en comunidades como Madrid, de integrar con ingente cantidad de fondos públicos a los extranjeros, o de satisfacer sus necesidades de servicios públicos de manera más eficiente que la izquierda, pero quien sacará tajada electoral de todo ese éxito será el PSOE, no el PP.
 
La izquierda ha elegido cuidadosamente el momento de abrir las puertas al Caballo de Troya. No se habría atrevido en una situación de recesión económica, pero con las favorables condiciones creadas por otros y con un PP que hace el trabajo sucio de defender la reforma ante su propio electorado y de contener al mismo tiempo a la extrema derecha, el PSOE no tiene sino que sentarse y recoger la fruta madura del voto de los extranjeros. Para cuando cambie el ciclo económico y el paro haga estallar el polvorín social de la inmigración ilegal y legal en un país que la ha asimilado sólo porque aún hay oportunidades para todos, el PSOE ya estará gobernando en los municipios y comunidades autónomas con mayor número de inmigrantes. Sabrá adoptar un discurso populista para contener la ira popular o habrá contraído, al fin, el dudoso mérito de despertar a la extrema derecha. 

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