(Libertad Digital) El anhelo de muchos españoles de formar parte de la administración pública no hace sino aumentar en tiempos de crisis. Las comunidades autónomos, de hecho, no han hecho sino multiplicar la oferta hasta un 92 por ciento más que en 1998, como demuestra un estudio del Ministerio de Administraciones Públicas que afirma que, en los últimos diez años, el personal de servicio público ha aumentado medio millón de personas.

Estos datos se suman al hecho de que, tal y como enuncia La Razón, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en enero la mayor oferta de empleo público de la historia de nuestro país (35.895 plazas). Mientras la población española creció un 12,2 por ciento en los últimos diez años (según Eurostat), el número de funcionarios se ha incrementado un 22 por ciento, lo que supuso, al cierre del pasado año, un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo.

Las Administraciones Públicas sostienen que es el precio a pagar por la mayor calidad en la prestación de servicios públicos. Lógicamente, al crecer el número de funcionarios, crece lógicamente el gasto público. Lo mas significativo es que mientras en la Administración estatal el número de empleados ha disminuido en casi 270.000 en los últimos diez años, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas la subida ha sido, sin embargo, estrepitosa, tal y como lo define La Razón.

Las comunidades con más empleados eran, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, Andalucía (489.671), Comunidad de Madrid (415.158) y Cataluña (287.265), seguidas por la Comunidad Valenciana (223.713) y Castilla y León (171.609). Además, las regiones con el porcentaje más elevado respecto a su población activa fueron Extremadura y Castilla y León, con un 29 y un 20 por ciento, según siempre datos de 2007.

Según afirma La Razón, los Gobiernos Autonómicos se defienden y tratan de justificar este aumento masivo de plazas mediante el tándem calidad-cantidad. La Fundación Púbilca de Castilla y León está dirigida por Maria José Heredia, que afirma que "tenemos los empleados públicos justos y necesarios para satisfacer las necesidades de toda nuestra población en un territorio tan extenso como éste". El consejero de Administraciones Públicas de Cataluña, Jordi Auss, también defiende esa política, y además insta a la Administración General del Estado a "adelgazar" la plantilla en su lugar.

Otros insisten en lo "erróneo" de los datos: José Antonio García, director general de la Función Pública extremeña, asegura que "la Administración extremeña cuenta con 45.294 empleados públicos, cifra que representa un incremento del 2,89 por ciento respecto a 2007". Germán Fernández Farreras, profesor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, explica que el "aumento podemos observarlo en las comunidades menos desarrolladas industrialmente", ya que dependen de lo público y por eso se ofertan más plazas, asegura en La Razón.

Todo ello en un periodo de crisis para la economía española. Las comunidades y sus Ayuntamientos se ven obligados, sin embargo, a aumentar sus presupuestos y sus gastos, a disparar sus tasas e impuestos, hasta alcanzar un tercio del PIB. Sumando la Seguridad Social, La Razón asegura que se supera el 45 por ciento del total. Así la partida de las 17 comunidades supera en 22.000 la del Gobierno central, ya que prevén gastar más de 180.000 millones en 2009.

El Gobierno ha debido replantearse, en cierta medida, la situación, y tras batir un récord este año, para el próximo año la Oferta de Empleo Público se ha reducido un 70 por ciento.