(Libertad Digital) La opinión de historiadores, juristas, antropólogos y forenses es clara: según ABC, ni el Gobierno ni Garzón han medido el alcance de las consecuencias de generar un exceso de expectativas de reparación entre familiares de desaparecidos.

 

Las fuentes consultadas por el diario de Vocento coinciden en que sólo será factible identificar, tras su exhumación, a un 10 ó 15 por ciento de quienes figuran en el listado que está elaborando Garzón, según el forense Francisco Etxeberría Gabilondo. Recientemente, las asociaciones de memoria histórica han entregado al juez una lista de 143.000 nombres.

 

Si sólo es posible identificar a parte de los enterrados en fosas comunes, y cada estudio de ADN tien un coste de 3.000 euros, esto supondría una inversión que ABC califica de "estimable", y que además carece de garantías.

 

Zapatero trata de aplicar las irrealizables promesas hechas cuando formaba la oposición,  referidas a la anulación de las sentencias franquistas, y de la que forma parte la hecha por Jesús Caldera y Amparo Valcarce, una proposición que solicitaba la anulación de todos los juicios sumarios del franquismo. Esta solicitud de justicia retroactiva tuvo que ser rebajada una vez Zapatero acometió la ley de la Memoria Histórica en su primera legislatura, debido a la incapacidad de dar seguridad jurídica a tal procedimiento.

 

Lo que sí cubre la ley, según ABC, es a la ingente tarea de recuperación de nombres, a la exhumación de cuerpos y a la identificación de los mismos. Pero según los expertos esto sólo resulta pertinente en escasas ocasiones, según los representantes de organizaciones dedicadas a ello. Por ejemplo, la Asociación de Memoria Histórica de Granada reconoce haber recibido más de 60 peticiones de exhumación y que de ellas sólo ocho fueron realizables.

 

Otra asociación, la dedicada a la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, ha expuesto lo que se está viviendo en dicha provincia. A través de Silvino Martín, su presidente, ABC publica que "vamos recogiendo datos, pueblo por pueblo, sobre los desaparecidos y dónde están enterrados. Nuestra conclusión es que elaborar un listado de esas personas en toda España es factible", pero a continuación, añade que "en la gran mayoría de los casos no será posible identificar el cadáver y entregarlo a la familia".

 

"Hasta ahora hemos investigado en el 40 por ciento de la provincia de Valladolid, y hemos logrado recoger un listado de 1.600 personas ejecutadas. Pero, sin embargo, sólo hemos logrado la identificación de 125 cuerpos", debido a que "sólo es razonable exhumar restos de fosas pequeñas en las que se conoce fehacientemente las identidades de los allí enterrados". La asociación granadina consultada por ABC es la que reconoce que el 75 por ciento de los cadáveres están en ese tipo de fosas.

 

José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada especializado en pruebas genéticas añade que "de entrada, el ADN sólo se puede recurrir en aquellos casos en los que sea posible obtener muestras de referencia. O sea, cuando haya familiares". "Después de 70 años, en un 30 por ciento de los casos, quizá un 20 recurriendo a las técnicas más punteras, ni siquiera es posible extraer el ADN de los huesos". Y si hay familiares vivos, los investigadores aún así deberán saber con qué cuerpo trabajar, ya que "en una fosa no ya de cientos de personas, sino de varias decenas, por mucho que alguien reclame que su padre está ahí, ¿por dónde empezamos?".

 

A la dificultad de identificación se añade el costoso proceso del análisis genético. "Pensemos en el accidente de Barajas. Ahí se trabajaba con una lista cerrada de personas, con muchos familiares dispuestos a colaborar, con fichas dentales previas, con enorme despliegue de medios... y con todo y con eso, la identificación llevó una semana".

 

Todo esto puede desembocar en un aluvión de peticiones no satisfechas que sólo generen insatisfacción, según ABC. El caso de la fosa donde supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca es sólo un caso representativo. Y es que el planteamiento de la ley es demasiado genérico, afirma el diario. Según Lorente, "si se disparasen las solicitudes, los laboratorios no darían abasto" y los protocolos para desenterrar o no los cadáveres de las fosas comunes no han sido aún definidos.

 

Y un último dato para la confusión: tal y como afirma ABC, en la época muchas veces se inhumaba en las fosas comunes a todos aquellos que, pese a morir de muerte natural, carecían de dinero para pagarse un nicho o una tumba. Es por ello que las cifras de desaparecidos estén "hinchadas" en todas las ciudades.