LD (EFE) El "Comité de Expertos" nombrado por el Ministerio de Igualdad para asesorar sobre la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo propone el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías.

Pero no sólo eso. También han acordado que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres y para ello se debería eliminar de la Ley de Autonomía del Paciente la exclusión del aborto de las operaciones quirúrgicas a las que una menor puede someterse.

Después de seis meses de trabajos, el Comité ha presentado este jueves sus conclusiones a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien ha explicado que serán elevadas mañana, viernes,  al Consejo de Ministros y previsiblemente "antes del verano" el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley.

Aído ha manifestado en rueda de prensa que "no se trata de elaborar una norma más permisiva, sino más segura" que garantice el derecho de las mujeres y ha subrayado que el Ejecutivo "no sigue criterios fundamentalistas de ningún extremo" sino que ofrece "soluciones equilibradas".

Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que a partir de la semana 22 -señalada por la OMS como periodo límite de viabilidad fetal- la interrupción del embarazo no se considere un aborto sino "un parto inducido".

Según ha explicado el ginecólogo del Hospital Severo Ochoa Javier Martínez Salmeán, uno de los nueve integrantes del comité, la mujer debe ser informada sobre las ventajas y las ayudas de las que dispone si quiere continuar con el embarazo y debe contar con un periodo de reflexión de tres días.

Para elaborar las recomendaciones, el comité ha tenido en cuenta las legislaciones de países europeos y los cambios en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho que no puede ser "tutelado", ha señalado Salmeán.

También piden al Ejecutivo la puesta en marcha de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género para prevenir los embarazos no deseados y rebajar el número de abortos. En el plano jurídico, María Durán i Febrer ha señalado que una ley de plazos queda "dentro del marco de la Constitución" y aboga por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo.

En este sentido, Aído ha subrayado que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que aborte pueda ser penada con la cárcel". Para ello los expertos proponen la desaparición del artículo 418 del Código Penal, que contempla penas para las mujeres que abortan fuera de los supuestos que recoge la Ley de 1985: malformaciones, peligro para la salud física y psíquica de la mujer y violación.

También aconsejan excluir la prisión y atenuar las penas para los médicos que practiquen abortos, aunque sí debe continuar la tipificación penal en caso de que no sea respetuoso con los requisitos legales, ha señalado Durán.

Tanto los expertos como la titular de Igualdad han coincidido en el respeto a la objeción de conciencia de los médicos, pero han matizado que ésta no puede impedir que una mujer pueda ejercer su derecho a abortar. "Un ginecólogo o un anestesista, los profesionales más implicados en las operaciones, pueden objetar, pero no un hospital entero o una consejería", ha señalado Martínez Salmeán.

Los trabajos de este comité han transcurrido paralelos a la subcomisión del Congreso de los Diputados cuyo informe fue aprobado el pasado 18 de febrero por la Comisión de Igualdad y que establece un periodo no determinado para el aborto libre y varias indicaciones para interrumpir el embarazo más allá de ese plazo inicial.