El pacto firmado este miércoles por los nacionalistas catalanes de CIU y el PSC para "preservar" el modelo lingüístico actual de la escuela catalana es cuanto menos "asombroso" para el poder judicial. De esta forma, convergentes y socialistas catalanes pretenden sortear las sentencias del Tribunal Supremo donde se sostiene que el castellano también es lengua vehicular del sistema educativo catalán.
En declaraciones a Libertad Digital, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) José Antonio Ballestero sostiene que este acuerdo "choca frontalmente" con la legislación española. En concreto, el artículo 118 de la Constitución señala que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
Además, éste principio constitucional viene desarrollado en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que sostiene que "las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades publicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes".
Así que, en opinión del portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera Judicial, a los nacionalistas no les queda otra que cumplir las sentencias del Alto Tribunal. Asimismo, Ballestero ha indicado que "los poderes públicos, además, no sólo deben respetar y acatar las resoluciones firmes y sentencias de los tribunales sino que están obligados, expresamente, como cualquier ciudadano, también, a darle cumplimento".
En este sentido, la asociación Jueces para la Democracia ha remarcado que la Generalidad "no puede dejar de cumplir la sentencia porque en un momento determinado no les beneficie".
Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha señalado que "cualquier ciudadano" que viva en una comunidad autónoma en la que "coexistan dos lenguas" pueda ahora invocar la sentencia del Supremo "para poder ejercer sus derechos".
Bravo recordó que la resolución del Supremo crea jurisprudencia y, por lo tanto, vincula "al resto de tribunales de nuestro país". "Entendemos que cualquier ciudadano que considere que su derecho en este aspecto se ha vulnerado podrá invocar la jurisprudencia del Supremo para poder ejercer sus derechos", señaló.