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Bajo el enunciado "La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI", los prelados apuestan por renovar y fortalecer la propia identidad, por implicar a las familias en el ejercicio de su derecho y por la actualización del compromiso con los más necesitados. "Conscientes de la importancia de la educación y de las dificultades por las que atraviesa en el momento presente –dice el documento–, pretendemos recordar y afianzar el sentido y significado de la concepción educativa de la Iglesia y su realización práctica mediante una de las instituciones educativas más genuinamente cristianas como es la escuela católica".
La CEE sostiene que en el comienzo de este nuevo siglo, "la escuela católica está llamada a examinarse a sí misma y a responder a los nuevos retos planteados a la acción educativa cristiana". Propone la renovación en España de su escuela propia para clarificar "el servicio educativo que con ello aporta a la sociedad" dando, a la vez, respuestas y horizontes "ilusionantes de calidad" porque "está en juego la misma libertad de enseñanza".
Sobre la nueva Ley Orgánica de Educación, los obispos afirman que "presenta ambigüedades que no nos pueden dejar de preocupar en materia de derechos y libertades y que, sin duda, generarán situaciones conflictivas en su desarrollo, en particular en lo que afecta a la elección por los padres del tipo de formación religiosa y moral que responda a sus convicciones". La CEE subraya, como ha venido diciendo en otros documentos, que "es un derecho del alumno y una exigencia de la formación integral que el saber religioso y moral tenga un tratamiento equiparable al resto de saberes en su proceso educativo, siendo éste un elemento integrador que armoniza el sentido de la vida y su ser personal".
Asimismo reiteran que "han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos" como un "derecho primordial, insustituible e inalienable". Por tanto, agregan en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, "el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de los padres".
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