L D (EFE) La ley, que parte del derecho civil catalán para regular aspectos vinculados a la persona y la familia, ha acabado su período de exposición pública, en que ha recibido 37 alegaciones, y está previsto que, con su redactado final, sea aprobada por el Gobierno catalán hacia el próximo mes de noviembre.

El borrador de la ley, al que ha tenido acceso Efe, actualiza el derecho catalán de acuerdo con los nuevos modelos sociales y familiares y, por este motivo, incorpora el concepto de progenitores en lugar del de padres y asume la existencia de distintas formas de convivencia.

Uno de los aspectos más novedosos del anteproyecto es que, en una iniciativa única en España, obliga a los padres a comunicar a sus hijos si son adoptados, tan pronto como éstos tengan madurez suficiente para comprenderlo y, en todo caso, una vez hayan cumplido los doce años.

Ese artículo, inspirado en las legislaciones de los países nórdicos y en los convenios internacionales de adopción, pretende seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en general, de todos los psicólogos clínicos, que aconsejan que los niños adoptados sepan que lo son por sus padres.

La nueva ley permite también homologar las adopciones internacionales irregulares, mediante resolución judicial, en el caso de menores que se encuentren en situaciones de acogida o tutela y cuyos países de origen no hayan firmado el convenio de La Haya.

Además, esta legislación agilizará las adopciones porque permitirá iniciar la retirada de la patria potestad a los padres de niños declarados desamparados que, sin motivo suficiente, pasen más de un año sin manifestar interés en él o incumpliendo el régimen de visitas.

El anteproyecto de ley es pionero al apostar por una normativa que promueva los acuerdos de divorcio amistosos, en que sean los propios cónyuges los que se organicen para el cuidado de sus hijos, tanto en las separaciones pactadas como en las que hayan llegado a los tribunales.

Por este motivo, la ley obligará a las parejas a presentar un plan de 'parentalidad' con las propuestas de cada cónyuge sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación.

El anteproyecto de ley evita hablar de custodias compartidas y prevé que, en los casos en que no haya acuerdo, los jueces atribuyan de forma preferente la "responsabilidad parental con carácter compartido", lo que no necesariamente implicará un reparto de la convivencia con los hijos al 50%.