El caso de Natalia Santacreu, la niña valenciana de 10 años suspendida por contestar sus exámenes en español, saltó al panorama nacional cuando llegó a Madrid. La pequeña junto a su padre llegaron a la capital para entregar una carta tanto al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y al presidente del PP, Mariano Rajoy, donde les exponían su caso y les pedían que tomaran “todos los medios para que el pacto de la educación dé los mismos derechos a todos los niños españoles”.

Ninguno de los dos les recibieron personalmente, pero sí pudieron entregar un dossier y la misiva en el ministerio y a Mª Jesús Bonilla, una responsable del área de comunicación del Partido Popular.

Este jueves el gobierno valenciano recibió a los padres de la pequeña Natalia. Juan Vicente Santacreu y su mujer mantuvieron una reunión “cordial” e “informal” con la viceconsejera de Educación de la Generalidad, Concha Gómez Ocaña.

La viceconsejera del gobierno de Francisco Camps admitió, según el padre de Natalia, que la situación se les ha ido de las manos, algo que están “aprovechando los sectores más radicales”, apuntó Gómez Ocaña. Sin embargo, el padre de Natalia fue claro: “Si los profesores no han incurrido en ninguna ilegalidad es por culpa de las leyes que el PP ha permitido, es decir, el PP ha sido víctima de sus propias leyes”.

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, establece los planes lingüísticos sobre los que se rige la enseñanza en la Comunidad Valenciana: Programa de Incorporación Progresiva cuya lengua vehicular es el castellano; Programa de Inmersión Lingüística y Programa de Enseñanza en Valenciano, donde la lengua predominante es el valenciano.

Sin embargo, “la trampa de estas leyes radica en que son los Consejos Escolares y los Colegios quienes deciden cuántas horas se darán en uno u otro idioma, en función de sus intereses ideológicos, pues la ley no establece límites. Señala mínimos, pero no máximos”.

La Generalidad se comprometió a solucionar su caso

Según Santacreu, Concha Gómez manifestó el interés de Mariano Rajoy por resolver esta situación y afirmó que los servicios jurídicos de la Generalidad valenciana trabajarían para que se le devuelvan los sobresalientes “robados” a la niña. Y este es precisamente el problema, señala el padre de la pequeña: que sea necesario consultar a los servicios jurídicos para poder hablar en español en España.

Los padres de Natalia, no obstante, terminaron satisfechos, aunque con dudas de que se solucione rápidamente, tras la reunión con la viceconsejera y así se lo quiso hacer saber el propio Juan Vicente a Rajoy a través de una carta. En ella también deja claras las cosas que no quiere que el líder de los populares obvie.

“Viendo que el problema de mi hija Natalia se va a diluir entre ambigüedades sin dar una solución, quiero recordarte que lo único que pretendo es que mi hija pueda utilizar el español cuando quiera y como quiera, desde la calle hasta el colegio sin que nadie recrimine su uso. Y si responde los exámenes en español que responda, que para eso tiene el DNI español”. “Fíjate Mariano, qué tristeza de país estáis creando, tener que pedir por favor el utilizar el español”, se lamenta.

Inspección en el colegio de Natalia

Juan Vicente Santacreu Ferrer ha señalado que en el colegio de Natalia “ha habido una inspección”. Allí comprobaron que la niña de diez años es una alumna “sobresaliente” y miraron sus cuadernos y trabajos.

Por último, Santacreu avanzó su intención de llegar hasta el final para que su hija deje de sufrir la imposición lingüística: “Iremos a Europa o haremos lo que tengamos que hacer”.