LD (Pedro de Tena) Para los profesores, de esta manera, la Junta de Andalucía ha olvidado que el profesor de Religión, al tener un contrato indefinido a tiempo completo y parcial no se ajusta al Estatuto de los Trabajadores queriendo introducir en los contratos unas modificaciones sustanciales -cambio de jornada y/o de destinos- y planteando una reducción en la plantilla, pudiendo llegar a despedir a 130 trabajadores.
Ninguna de las dos cosas pueden hacerla sin notificarla previamente a los representantes sindicales de los trabajadores y a la autoridad laboral, justificando la necesidad de la medida de que se trate y aportando, además, un plan que atenúe los efectos negativos de dicha medida para los trabajadores afectados. Después de la notificación tienen la obligación de negociar con el Comité de Empresa.
Como nada de ello se ha hecho hasta el momento desde el curso anterior, cualquier medida que tomara la Consejería sería arbitraria, y, por lo tanto, ilegal. De la misma manera, los Jefes de Personal de las Delegaciones Provinciales de Educación no pueden cambiar la jornada y los destinos pues no existe al día de hoy baremación alguna, la cual venimos exigiendo desde hace ya dos cursos tal como estipula la LOE.
Desde la Dirección General de Planificación se ha informado a los directores que el criterio que prevalece en la organización de los centros debe ser la agrupación de los alumnos de Religión en clases que no sean inferiores numéricamente a la ratio permitida, es decir 30 (33) alumnos en la ESO y 35 (38) en el Bachillerato. Esto supone la masificación de las clases de Religión, lo cual es un criterio discriminatorio, es antipedagógico, y añade una gran dificultad para la organización de los centros. De ahí que los directores de los centros estén solicitando, mediante oficio, la concesión de las horas para organizar debidamente el curso.
Los profesores han acusado a la Consejera de Educación en sus últimas declaraciones de mentir por decir que “sólo se reducirán las jornadas de estos docentes en los casos absolutamente necesarios”. Pues las jornadas pueden ampliarse con otras funciones que, por el hecho de ser profesores de religión, la Administración no deja ejercer y que la vía judicial no viene dando la razón. Añaden que es muy cuestionable que sea la propia administración quien dicte las horas lectivas de la asignatura sin consultar a los Centros, y sea a la vez la propia Consejería de Educación quien determine la modalidad de los contratos a tiempo completo o parcial.
Denuncian además la falta de sensibilidad social de la Consejera ante un problema laboral grave que afecta a mil andaluces. De hecho, creen que es una pésima política social dejar a muchos profesores en el paro o con sueldos mínimos por el continuo recorte de esta asignatura y no permitir que estas personas asuman otras funciones dentro de los centros educativos, siendo completamente lícito y viable la consolidación de la jornada laboral de estos profesores asumiendo otro tipo de funciones docentes y administrativas en el centro, como ya se están llevando a cabo en otros comunidades autónomas".
Y certifican que esta situación lleva a un gran número de profesores a dar clase en varios centros al mismo tiempo. Lo que está creando la Consejería de Educación, con su estrategia de desgaste, es "trabajo precario para mil docentes andaluces”. Esto se subsanaría con una flexibilidad mínima por parte de la Consejería: concesión de poder ser tutores, reducción horaria por compartir centros (itinerancias), permitir ejercer de coordinaciones, etc.
Ante esta grave situación, los cinco Comités de Empresa de Profesores de Religión de Andalucía, se han reunido en Granada para afrontar de manera unánime “la crisis” que está afectando a más del 90 por ciento del profesorado de Religión en Andalucía y han emitido un comunicado conjunto en donde, en resumidas cuentas, se pedía lo siguiente:
"1. No firmar ningún nuevo contrato ni adenda pues el contrato indefinido está ya firmado. De esta forma obligaremos a la Administración a que el acceso al destino y la provisión de puestos vacantes se lleven a cabo, como prevé la legislación, en virtud de unos criterios objetivos (Real Decreto 696/2007, art. 6
2. Por último, no descartamos medidas judiciales y medidas reivindicativas para presionar a la Administración y exigirle que cumpla la ley, pues, no hay que olvidar que el profesor de Religión es un trabajador que cumple todos los requisitos legales para impartir esta materia y que es contratado por la propia Administración que al mismo tiempo pretende marginar. "