El Gobierno ha aprobado la ley del aborto para su remisión a las Cortes, que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que "derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley", que establece muy pocos cambios respecto al anteproyecto.

Según dijo De la Vega, la voluntad del Gobierno sigue siendo muy clara: "ofrecer seguridad jurídica a las mujeres, que puedan hacerlo con garantías de equidad y confidencialidad y dar seguridad jurídica a los profesionales".

"Que nadie lo dude: la voluntad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar", ha dicho De la Vega, ya recuperada de su intervención quirúrgica, en otro momento de su intervención.

Las claves de la polémica ley

El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión, al menos tres días antes del aborto.

De manera teóricamente excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.

La reforma no incluye pena de prisión para la mujer

La vicepresidenta ha puntualizado además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado establece que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz" pero que "se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra".

En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos en la ley, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; a quien lo haga en un centro no autorizado, y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley.

De la Vega ha subrayado, no obstante, que la reforma no incluye pena de prisión para la mujer y que las modificaciones introducidas en la reforma "sólo refuerzan el principio de proporcionalidad de las penas en relación con las distintas conductas".

La reforma también refuerza, según el Gobierno, la protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres. Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta ha mostrado su voluntad de escuchar a todos los grupos.