"Nosotros los ciudadanos hoy reunidos, y unidos, en Palma de Mallorca, para defender la libertad, no queremos continuar con la actual situación de imposición lingüística del catalán en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. Desde los públicos, tan importantes como la educación, la administración, o la sanidad. Hasta los privados, como el comercio y el deporte.

Reivindicamos un bilingüismo en libertad. La misma libertad que utilizamos en nuestras relaciones cotidianas para comunicarnos, la queremos cuando nos dirigimos y/o utilizamos los servicios públicos que sostenemos económicamente todos. Las lenguas son instrumentos de comunicación, para unir, no para dividir. Y esa unión se consigue desde la libertad, no con la imposición.

Por ello, los ciudadanos de Baleares manifestamos que:

Queremos libertad de elección de lengua para poder escolarizar a los niños en cualquiera de las dos lenguas mayoritarias de Baleares. Porque apoyamos nuestras lenguas, nuestro mallorquín, menorquín e ibicenco, junto a nuestra, también, lengua castellana, oficial del Estado y compartida por más de 400 millones de personas.

Queremos que la lengua sea considerada un mérito y no un requisito excluyente que dificulte el acceso al trabajo.

Queremos disfrutar de nuestras manifestaciones culturales, teatrales, sin la politización nacionalista a la que actualmente se ven sometidas.

Queremos que nuestro mallorquín, menorquín e ibicenco no se pierda con el actual proceso de sustitución por un catalán estándar ajeno a lo que siempre hemos hablado.

Estas reivindicaciones pasan, necesariamente, por una nueva normativa lingüística que no cree barreras donde no las hay ni las ha habido nunca.

Exigimos:

La derogación de la actual Ley de Normalización Lingüística de 1986, y todos los decretos que la desarrollan en el ámbito educativo, administrativo y sanitario. Y su sustitución por una nueva Ley de usos de las lenguas oficiales, basada en la libertad y en la realidad social de Baleares.

Esta nueva regulación debe venir acompañada de una normativa que para el acceso a la función pública considere a las lenguas como un mérito, nunca como un requisito excluyente.

Estas soluciones son válidas para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Baleares, pero la discriminación lingüística no sólo nos afecta a los ciudadanos españoles de esta comunidad, también a millones de compatriotas de otras partes de España, hoy aquí representados. Por este motivo, solicitamos también a esos otros representantes de la soberanía popular en las Cortes, que
garanticen con medidas legales de alcance nacional el derecho a poder ser educado en el idioma oficial del Estado en cualquier parte de nuestro territorio. Porque el problema es nacional.

De esta forma conseguiremos, en Baleares y en España, devolver los derechos a sus verdaderos titulares: las personas. Garantizando en las comunidades autónomas con dos idiomas oficiales los derechos de los hablantes de ambas lenguas.

Somos las personas las que decidimos y elegimos libremente. Las que hoy hemos dicho fuerte y claro, con una sola voz, que: “Nuestras lenguas nos unen. Volem llibertat d’elecció”.