Asociación Animación Malacitana trabaja en los colegios públicos de Málaga, encargándose del aula matinal y actividades extraescolares, y por este concepto el EPAISE nos debe ingresar un dinero (previa presentación de factura) todos los meses de, aproximadamente, 9.000 euros, que sirven para pagar a 20 empleados, 8 estables y 12 a tiempo parcial.
Según Miguel Salgado, secretario de la asociación, la empresa pública andaluza "tampoco está pagándoles sin dar explicación a otras asociaciones y empresas que se dedican a lo mismo y a las empresas que prestan los servicios de comedor y transporte escolar. Somos muchos los afectados por la falta de pago sólo en la provincia de Málaga".
En el caso de esta Asociación " ya hemos llegado al punto en que no tenemos dinero para pagar los seguros sociales de nuestros empleados y si no fuera por su buena voluntad y sacrificio nos veríamos obligados a cerrar".
Ayer se reunieron con todos sus monitores y hoy, 6 de mayo, van a ir a la sede de dicha empresa pública en Málaga para reclamarles el pago de los servicios contratados. También han convocado a los distintos partidos políticos y medios de comunicación para pedir ayuda y que se pueda dar conocimiento de esta lamentable situación.
Una historia de impagos en la Consejería de Educación
El pasado mes de octubre de 2008 ANPE-Andalucía exigió a la Consejería de Educación el abono, con carácter inmediato, de las cantidades atrasadas pendientes de pago a los más de 95.000 profesores que trabajan en los centros educativos públicos de nuestra región.
Según los cálculos del sindicato, con el nuevo impago del dinero correspondiente, crónico ya, en la nómina de octubre, la deuda con cada uno de los docentes de la enseñanza pública, correspondiente al acuerdo de 19 de mayo sobre Equiparación Retributiva, asciende a cuantías que oscilan -en virtud del número de sexenios percibido por cada funcionario- entre los 477,51 y los 563,85 euros.
A esto hay que añadir la deuda con un número indeterminado de docentes que tienen pendientes de cobro atrasos adicionales en materia de trienios, correspondientes a servicios prestados como interinos o profesores de religión, y cuyo abono está determinado legalmente por el artículo 25 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación”,
La anterior consejera, Teresa Jiménez, no quiso establecer como prioridad el pago de estas cantidades a sus profesionales excusándose sin aportara razones de los impagos.
La sospecha de impagos crecientes en Andalucía pone en entredicho a la Junta
La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-Andalucía) se encerró el pasado mes de octubre en las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta en protesta por el “incumplimiento” de los acuerdos alcanzados en materia de financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual en la comunidad, lo que “pone en peligro la calidad de los servicios prestados” por la entidad a más de 14.500 personas.
El salario social dejó de pagarse asimismo en octubre de 2008. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció en enero de 2009 que desde octubre de 2008 no se realizan los pagos del programa de salario social, destinado a las familias más necesitadas. La Junta lo niega: "No se ha producido ninguna clase de recorte". Pero el impago se debe “al agotamiento de las partidas presupuestarias del pasado año, las cuales no fueron suficientes. Sanz calificó de “increíble” que en un momento de crisis como el actual, “en el que muchas más personas necesitan esta prestación”. También afirmó que el presupuesto de este programa para 2009 se haya recortado en 58.000 euros –en 2008 ascendió a 38,9 millones-, al tiempo que lamentó que desde 2006 se ha producido un descenso del 15 por ciento en el número de personas que han podido acceder a esta ayuda, ya que se ha pasado de 22.000 beneficiarios en dicho ejercicio a una previsión de 18.800 en 2009.
La administración andaluza, la más morosa de España
Técnicos de Hacienda sindicados en Gestha cifraron hace dos meses en 12.300 millones las facturas sin pagar de las Administraciones Públicas. Andalucía es la comunidad de España que más dinero debe a las empresas y proveedores. El importe de esta deuda asciende a 2.242 millones. De ese dinero, 865 millones corresponden a los Ayuntamientos y 1.377 millones corresponden a la Administración autonómica que dirige Manuel Chaves. Dicho en román paladino, uno de los responsables de la crisis que viven las empresas andaluzas es la Junta de Andalucía que además de no pagar a las empresas proveedoras no paga tampoco a los Ayuntamientos. La segunda comunidad más morosa es Cataluña. Contrasta notablemente que la comunidad de Madrid, con más desarrollo, renta y mucho menos paro, sólo deba 181 millones de euros. Vean el cuadro siguiente, que es ilustrativo.