Fernando Basanta, el presidente de una de estas asociaciones participantes de la plataforma "Unidos por la Custodia Compartida", la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, manifestó que el ordenamiento jurídico del Estado español contempla la mencionada presunción de inocencia "a excepción de la Ley de Violencia de Género, en la que se da la presunción de culpabilidad".

Por ello, 71 asociaciones se disponen a demandar al Gobierno y exigir a los partidos políticos que forman parte del Parlamento que se posicionen al respecto de la ley, manifestándose en contra del texto en el quinto aniversario de la ley, que "paradójicamente", dicen, fue un 28 de diciembre, día de los inocentes.

En esta línea, Basanta hizo alusión a la "injusticia" de este hecho, por el que muchos hombres son inculpados al presentar sus parejas "denuncias falsas" en muchos casos para "alejar a los hijos de ambos del padre" ya que "muchas mujeres, más que el miedo, como asegura el Gobierno central, han perdido la vergüenza para denunciar sin motivo, aunque sí con una gran motivación, al saber que la ley les otorgaba un arma de destrucción para saciar todo su despecho".

Al respecto, se refirió a que la ley debería contemplar también la vulnerabilidad de niños, ancianos y también hombres, puesto que al igual que las mujeres, reciben "en numerosas ocasiones" malos tratos. Por esto, no se debería distinguir entre mujeres y hombres maltratados, sino entender que se trata de "personas maltratadas", para las que deberían existir "centros de acogida comunes".

Dicen en su comunicado que la "violenta ley rescató hace cinco años el erradicado “delito de autor” que nos recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes, para instaurarlo como eje vertebrador de nuestro maltrecho Estado de Derecho, sin que más de doscientas cuestiones de constitucionalidad pudieran impedir que un Tribunal Constitucional, cuya independencia política todo el mundo cuestiona, le otorgara un sospechoso y controvertido aval".

Por todo esto, las 71 asociaciones pedirán que se derogue la Ley de Violencia de Género en el Parlamento español, pero llegarán, "si el Gobierno no da marcha atrás, a acciones legales en tribunales internacionales", ya que "no se fían de las altas instituciones judiciales de nuestro país", apostilló.

De esta forma, y con motivo del cumplimiento de los cinco años desde la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mencionadas asociaciones indicaron a través de un comunicado que se trata de "una ley que atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un estado democrático".

"Ahora, el conjunto de la sociedad española está recogiendo lo que el gobierno sembró en su día: mujeres, hombres y niños desprotegidos ante la violencia que sufren en su hogares, y miles de hombres inocentes engrilletados y estigmatizados de por vida por recibir una simple denuncia encaminada a obtener importantes ventajas para la denunciante en los procesos de divorcio", exponen.

Para ilustrarlo, recuerdan casos como el de "José Antonio Santos, encarcelado durante once meses", contra el que "llegaron a formular hasta ocho denuncias falsas mientras él permanecía entre rejas. Personas como él y como Miguel Ángel Torres, que después de haber sido absueltos aún continúan sin poder ver a sus hijos, afectados gravemente de un SAP que Miguel Lorente se empeña en negar".