LD (EFE) La Audiencia Nacional ha advertido este martes de que la ley discrimina a los españoles no catalanes cuyos documentos fueron incautados por el franquismo , ya que para ellos no existe una norma como la 21/2005 -aprobada para devolver a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca"- que regule su restitución.
La advertencia la hace este tribunal en una sentencia en la que declara el derecho de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo -que fue ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII- a que el Ministerio de Cultura les diga si la documentación incautada a su familiar se halla en el Archivo General de la Guerra Civil, pero rechaza su devolución porque no hay "sustento legal" para ello.
Sería deseable una ley para todos los españoles
"Sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares ", señala la sentencia.
El tribunal añade que muchos de los documentos incautados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad".
"Por ello, como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados o, si ya han fallecido, sus legítimos sucesores, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados", concluye la resolución, dictada por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Una regulación sólo para Cataluña
La Ley 21/2005 , "de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica", regula la devolución de los papeles al Gobierno catalán o a los naturales de esta Comunidad Autónoma, pero no a los del resto de España.
La posterior Ley de Memoria Histórica, aprobada hace un año, tampoco remedió la situación, porque no habilitó la devolución ni reguló los requisitos y el procedimiento que debe seguirse a tal efecto y, además, confirmó que todos los documentos "obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura" constituyen parte del patrimonio del Estado.
Por otra parte, la Audiencia ha dado el visto bueno al traslado a Cataluña de unas 507 cajas con documentos del archivo de Salamanca incautados a la Generalitat y a particulares durante la Guerra Civil, al confirmar la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura por la que el 18 de enero de 2006 se autorizó esta entrega.
La advertencia la hace este tribunal en una sentencia en la que declara el derecho de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo -que fue ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII- a que el Ministerio de Cultura les diga si la documentación incautada a su familiar se halla en el Archivo General de la Guerra Civil, pero rechaza su devolución porque no hay "sustento legal" para ello.
Sería deseable una ley para todos los españoles
"Sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares ", señala la sentencia.
El tribunal añade que muchos de los documentos incautados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad".
"Por ello, como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados o, si ya han fallecido, sus legítimos sucesores, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados", concluye la resolución, dictada por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Una regulación sólo para Cataluña
La Ley 21/2005 , "de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica", regula la devolución de los papeles al Gobierno catalán o a los naturales de esta Comunidad Autónoma, pero no a los del resto de España.
La posterior Ley de Memoria Histórica, aprobada hace un año, tampoco remedió la situación, porque no habilitó la devolución ni reguló los requisitos y el procedimiento que debe seguirse a tal efecto y, además, confirmó que todos los documentos "obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura" constituyen parte del patrimonio del Estado.
Por otra parte, la Audiencia ha dado el visto bueno al traslado a Cataluña de unas 507 cajas con documentos del archivo de Salamanca incautados a la Generalitat y a particulares durante la Guerra Civil, al confirmar la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura por la que el 18 de enero de 2006 se autorizó esta entrega.