Las consecuencias del esperpento del Ejecutivo español en casos como el del Playa de Bakio o más recientemente el del Alakrana, provocan que por todo el mundo quieran aprovechar la debilidad de España en el ámbito internacional.

Según informa ABC, el petrolero de una empresa española, el "Virgina G", aunque navega con bandera panameña, fue apresado en aguas de Guinea Bissau el pasado 21 de agosto mientras que las autoridades de este país africano exigen un pago por una supuesta ilegalidad que niegan haber cometido.

Sin embargo, el último episodio se produjo este domingo cuando un grupo de militares guineanos asaltaron el petrolero y amenazaron de muerte a los 13 tripulantes, ninguno español. El interés era confiscar las más de 500 toneladas de petróleo que transporta la embarcación.

El dueño del petrolero, José Antonio Gámez, asegura que tiene todos los papeles en regla y se niega a ser sometido a la extorsión. Y es que el petrolero fue apresado a punta de pistola por una patrullera cuando abastecía de combustible a tres pesqueros españoles. Mientras las tres embarcaciones pagaron entre 100.000 y 50.000 euros, el petrolero se negó a pagar una multa por algo que, en su opinión, no es ilegal.

Pero lo más grave son las acusaciones que este empresario vierte sobre el Ejecutivo español al que acusan de desidia ante una red de chantaje contra barcos españoles en este país africano. Uno de los miembros claves de esta supuesta red sería el ex cónsul honorario de España Hamadi Busarai Emhamed, que fue condecorado en 2006 con la Orden al Mérito Civil por el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Además, se le concedió la nacionalidad española.

En este sentido, Gámez afirma que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero "consiente y permite que los barcos españoles paguen multas millonarias" sin haber cometido delitos. Y es que Hamadi está presente siempre en cada uno de los conflictos con los barcos españoles. Es el que gestiona las autorizaciones y los permisos con Guinea Bissau y a su vez siempre es el que participa en las negociaciones para la liberación.

Incluso, el Gobierno de España remite a la persona de Hamadi para gestionar los problemas con las embarcaciones. "Varios armadores y algún funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino nos han dicho que recurriéramos a Hamadi para solucionar el tema".

"Tengo sospechas de que Hamadi forma parte de la red de extorsión contra los barcos españoles en Guinea Bissau, sin que el Gobierno español haga nada por impedirlo, consintiendo que se paguen multas millonarias sobre delitos que supuestamente no se han cometido", sentenció.