El Gobierno catalán ha dado una vuelta más de tuerca en su afán por desterrar el castellano a la fuerza en Cataluña. A través del proyecto de Ley del Código de Consumo, todos los documentos de los comercios tienen que estar en catalán. Pero lo peor es que, según informa La Razón, el proyecto contiene artículos que obligan a los ciudadanos a denunciar a los comercios que no rotulen en catalán.
El artículo 311.5 "Cooperación de las personas consumidoras" dice que los ciudadanos tienen el "derecho y el deber de cooperar con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras". "El medio principal de cooperación es la denuncia", dice otro de los artículos de la ley.