El ministro de Justicia admitió a preguntas de LDTV que el ordenamiento jurídico español no contempla pagar los rescates de un secuestro y que no se ajusta al Estado de Derecho. Dijo que la "interpretación" la tienen que hacer los tribunales de Justicia, y matizó que depende de las "circunstancias". "Nunca se puede generalizar". Dijo Caamaño que se están haciendo todos los posibles esfuerzos "en un Estado de derecho" y defendió la decisión de detener a los piratas. "El Gobierno tiene la obligación de capturar a quienes delinquen y ponerlos a disposición de la Justicia", señaló e insistió en que "se trabaja para que los secuestrados sean liberados explorando todas las vías legales".
Poco antes, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecia ante la prensa para informar de las últimas gestiones para liberar al "Alakrana". No aportó dato nuevo alguno ni concretó nada. Eso sí, negó "rotundamente" que el Gobierno pague al abogado del pirata Abdu Willy. "No sabíamos nada de que tenía un nuevo abogado. Puedo negar con rotundidad que el Gobierno tenga ninguna relación con ningún abogado ni paga ninguna retribución a ningún abogado", señaló.
Moratinos dijo que hay "coordinación" por parte del Gobierno y han "evaluado" la situación. "Estamos haciendo gestiones políticas, diplomáticas y de inteligencia para encontrar una solución". Anunció que el embajador español en Kenia ha hablado con el primer ministro somalí por teléfono y éste le ha comunicado que va a "instruir" a su ministro de Interior –que es de la misma zona que los piratas- para que ayude a resolver la situación.
También dijo el ministro que el embajador ha hablado con el barco y le han transmitido que los tripulantes "están bien, con agua y víveres dentro de la tensión y la preocupación lógica".
"Discreción y prudencia"
Dijo que el Gobierno "sigue trabajando" para acelerar la solución pero que se trata de un "proceso difícil que necesita discreción y prudencia", por lo que pidió "comprensión y paciencia". "No vamos a escatimar esfuerzos, vías jurídicas o legales para facilitar la liberación. El Ejecutivo está a la espera haciendo consultas viendo cual sería la mejor vía siempre respetando la legalidad y el estado de derecho".
En todo caso, el ministro dejó claro que todo el Gobierno es quien está explorando vías, "haciendo consultas internas y viendo cual sería la mejor vía" que respete la legalidad, el Estado de Derecho y los convenios internacionales", aunque luego sean los tribunales quienes decidan, dado que la situación de los dos piratas está en manos de la Audiencia Nacional.
"No puedo decir en este momento la vía que el Gobierno apunte y luego la Audiencia decida. Es un tema judicial y no tengo elementos definitivos para clarificar cual será una vía u otra", manifestó.
El ministro destacó que todos los actores tratan de buscar socluciones con "la mejor intención dentro de su marco de competencias" y dentro del respeto a la independencia del poder Judicial respecto del Ejecutivo.
"No hay debilidad"
Moratinos quiso insistir en que "no hay debilidad" por parte del Gobierno frente a los secuestradores en su decisión de estudiar vías para llevar a los detenidos a Somalia, sino una mera "aplicación de la legalidad internacional y el Estado de Derecho".
Así, respondió tajantemente a las palabras del embajador británico, Giles Paxman, que hoy mismo, en una entrevista a Europa Press, afirmó que, sin entrara a valorar este caso concreto, la posición del Gobierno británico es no ceder a las exigencias de los secuestradores. El ministro achacó sus palabras a que el diplomático británico "acaba de llegar" a España.
En todo caso, recalcó que "España es un país serio que cumple con sus compromisos internacionales" y seguirá respaldando firmemente la operación Atalanta de lucha contra la piratería. "No tenemos sentimiento de escapar de nuestra posición firme de lucha contra la piratería", manifestó.
En la misma línea, argumentó que España incluso reforzará este compromiso dado que prepara una iniciativa ante la ONU para organizar una conferencia internacional sobre Somalia, que refuerce la lucha contra la pirateria pero también que apoye el "restablecimiento y consolidación de un Estado que sea capaz de garantizar la seguridad sobre su territorio".